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El repatriado es "altamente peligroso" y tenía contactos con jefes de Al Qaeda

Los agentes de la Unidad Central de Información Exterior de la policía esperaron a Mohamed Berzizoui, alias Lokmen o Ibrahim, a los pies de la escalerilla del avión en el que el marroquí (aunque nacido en Chlef, Argelia) acababa de regresar a Barcelona de Estambul (Turquía) el pasado 29 de abril. En su poder tenían informes que lo relacionaban con altos responsables de la yihad internacional, con movimientos salafistas del norte de Marruecos y sobre todo datos que mostraban su "vinculación y contactos con individuos extremistas islámicos en España". Lo tenían consignado como un ciudadano "altamente peligroso" y con contactos fluidos con jefes de Al Qaeda. Pero no había material probatorio.

La policía tenía datos que le hacían pensar que durante su estancia en Turquía -donde se celebraron las reuniones previas a los atentados de Casablanca y Estambul- Berzizoui habría mantenido contactos con responsables de Al Qaeda en Europa. Los investigadores están convencidos de que, al menos, tenía amistad con Malek el Andalusi, preso en Marruecos por los atentados de Casablanca, y Salaheddine Benia, encarcelado en Argelia acusado de estar encuadrado en la estructura de Al Qaeda.

También se le acusa de haber intentado sacar de Marruecos a Karín el Mejati, supuesto responsable de la Salafia Jihadia (salafistas marroquíes), en busca y captura por los crímenes de Casablanca y de quien se sospecha que tuvo algún tipo de implicación en el 11-M. Los informes añaden que Berzizoui está vinculado con "sectores radicales islámicos de Melilla y Nador", cuya actividad sería reclutar jóvenes radicalizados en el noreste de Marruecos (una de las zonas más deprimidas del país) para enviarlos primero a campos de entrenamiento y luego a combatir en Afganistán o Irak.

[Mientras, la Comisión Islámica de España mostró ayer su malestar y preocupación por la expulsión de musulmanes tomando como base indicios y no pruebas penales. En una nota de prensa, explica que actuaciones de este tipo erosionan los fundamentos del Estado de derecho e incrementan la marginación de los musulmanes. Por ello, pide a la sociedad que denuncie el "atropello" que suponen estas expulsiones].

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de junio de 2004