Las Cortes abren otro intento de reforma del Estatuto sin que el PP concrete sus aspiraciones

Las Cortes Valencianas se embarcaron ayer en un nuevo intento de reforma del Estatuto de Autonomía con la constitución de la comisión especial creada al efecto y que en las dos legislaturas anteriores ya funcionó, sin resultado. El nuevo panorama político surgido de las elecciones generales de marzo, ganadas por los socialistas, abre nuevas perspectivas, aunque los dos grandes partidos mantienen diferencias en cuanto al alcance de las reformas. Mientras el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defiende reformas asimétricas, el líder del PP, Mariano Rajoy, pretende un proceso uniforme que iguale a todas las comunidades. El PP valenciano no ha concretado sus aspiraciones.

Los tres grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas mostraron ayer su deseo de que esta nueva tentativa de reforma del Estatuto de Autonomía valenciano llegue a buen puerto y manifestaron en ese sentido su voluntad de alcanzar acuerdos que permitan ampliar el techo competencial de la Comunidad Valenciana e incrementar el nivel de autogobierno. La coincidencia de los tres grupos en torno a la necesidad de la reforma es total. Las diferencias surgen en lo referente a su alcance. Mientras la oposición se marca metas muy concretas, los populares no explicitan las suyas.

En su discurso de investidura como presidente de la Generalitat, hace casi un año, Francisco Camps se comprometió a impulsar la reforma del Estatuto de Autonomía, aunque no concretó su alcance. Recientemente, tras entrevistarse con el presidente del Gobierno, Camps precisó que aspira a una reforma de máximos, con el único límite de la Constitución, pero tampoco avanzó más. Y ayer, el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, no abandonó el guión y se limnitó a señalar que la reforma del Estatuto debe incluir el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como "nacionalidad histórica de primera línea", ampliar el techo competencial y profundizar el autogobierno, e incorporar nuevas instituciones, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o el Consell Jurídic Consultiu (CJC).

Esta falta de concreción está sin duda relacionada con la postura oficial del partido a nivel nacional. El secretario general del PP, Mariano Rajoy, se muestra dispuesto a reformar los estatutos de autonomía, aunque defiende un proceso uniforme para no privilegiar a unas comunidades sobre otras. Es la nueva versión del café para todos de los tiempos de la transición y la negociación de los estatutos. Frente a ello, el PSOE defiende un proceso "generalizado y no idéntico" de reformas estatutarias.

En su programa electoral, el PP valenciano concretaba sus propuestas de reforma en la inclusión de las competencias transferidas desde la anterior modificación del Estatuto y de las instituciones ya citadas, la disolución anticipada de las Cortes, aunque sin precisar si se trata de la que supone eliminar la fecha fija de las elecciones, la incorporación de la actualización en materia de Derecho Civil Valenciano y el derecho a participar en las instituciones europeas. También plantea la "clarificación competencial de las condiciones para la constitución de la policía autonómica".

Por su parte, tanto el PSPV como Esquerra Unida han concretado sus aspiraciones, que van más lejos que las de los populares. Los socialistas proponen una reforma con tres objetivos: aumentar la capacidad de autogobierno y el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como nacionalidad histórica; ampliar los mecanismos de participación y control democráticos de la ciudadanía; y garantizar derechos ciudadanos en aspectos que afectan al bienestar individual y colectivo. Así, según el documento que en su día entregaron al PP, los socialistas quieren suprimir la fecha fija para las elecciones y establecer la potestad plena de disolución de las Cortes por parte del presidente de la Generalitat. También proponen rebajar la barrera del 5% de los votos necesarios para obtener representación parlamentaria. Estas dos cuestiones son, con toda probabilidad, las que encontrarán más oposición por parte del PP.

Además, el PSPV plantea la necesidad de aumentar la proporcionalidad en la representación ciudadana en cada provincia, mediante la ampliación del número de diputados hasta 99 (ahora son 89), asumir competencias en materia de régimen electoral local, ampliar las de la Policía Autonómica, asumir las de Tráfico y obtener la gestión de las carreteras del Estado. Los socialistas también proponen incorporar las instituciones creadas después de la promulgación del Estatuto, en 1982, y la inclusión de los hechos diferenciales, con mención expresa de la lengua y el Derecho Foral. Además, plantean añadir un título sobre Relaciones Exteriores y Unión Europea que recoja los principios de la gestión de los intereses valencianos en esos ámbitos y en todo lo que afecte a las competencias de la Generalitat.