Imputado un edil de Cádiz por un derrumbe en el que murió un menor

El juez que investiga el derrumbe de la antigua Academia de Artillería de Cádiz, que se desplomó parcialmente el pasado 16 de enero y causó la muerte de un joven de 15 años y heridas de diversa consideración a otros dos menores de 14 y 16 años, ha citado como imputado al senador del PP y teniente alcalde de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento gaditano, José Blas Fernández, por un delito de homicidio por imprudencia grave. El juez también ha citado como imputado al secretario municipal, Antonio Ortiz Espinosa, por un delito de encubrimiento.

Fuentes jurídicas y municipales confirmaron ayer que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz, Jorge Israel Bartolomé, encargado de investigar la causa, ha citado como imputado al secretario municipal por no facilitar algunos informes relacionados con este siniestro, unos documentos que solicitó para la instrucción del caso.

Los tres chicos, según el testimonio de los supervivientes, accedieron a estos viejos cuarteles militares, de propiedad municipal, por la puerta principal sin que nadie les limitase el paso. Jugaban en la primera planta del edificio desplomado cuando éste se vino abajo y quedaron atrapados entre toneladas de escombros.

Los padres del fallecido, Manuel Gallardo Selma, y de Juan Antonio Acosta, el joven con heridas más graves, denunciaron en los juzgados al Ayuntamiento de Cádiz al considerarlo "responsable directo" del accidente, ya que el edificio no estaba vallado pese a estar "en ruinas" y "tenía numerosas grietas en las paredes y el techo". De esta misma opinión fueron PSOE e IU, que acusaron al gobierno local, del PP, de una "clara negligencia grave". La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; José Blas Fernández, y el concejal de Urbanismo, José Loaiza, defendieron siempre la actuación municipal.

El gobierno local cedió y permitió el uso del inmueble a varias asociaciones ciudadanas sin contar con un informe técnico sobre la seguridad del recinto y el estado de la estructura.

El pleno municipal aprobó ocho meses antes del accidente un convenio para demoler el edificio, pero el gobierno local explicó que no agilizó el derrumbe porque los técnicos municipales que inspeccionaron este enclave no "advirtieron riesgo".