Los jueces acogen con división las reformas anunciadas por el ministro

Las reformas anunciadas el martes en el Congreso de los Diputados por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, han sido acogidas con división y recelos por parte de las asociaciones judiciales y fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, se opone frontalmente a la instauración de un sistema de acceso a la carrera judicial distinto al de la oposición para la justicia de proximidad.

La justicia de proximidad se ocupará de los pleitos civiles y penales de poca monta, según explicó el ministro. La APM, sin embargo, cree que el nuevo sistema aumentará notablemente "el riesgo de politización de la justicia, de caer con facilidad en la designación de jueces a dedo o en el tercermundista clientelismo".

En un comunicado, el comité ejecutivo de la APM indica que sólo podría estimarse como "un retroceso en la garantía de las libertades públicas y en la protección de los derechos de los ciudadanos" la instauración de un sistema de acceso a la carrera judicial no basado "en la igualdad de oportunidades y en la profesionalidad acreditada ante tribunales calificadores de la máxima solvencia".

Asimismo, señala que sería "difícil" explicar a los opositores a juez por qué se hace prevalecer una "designación para cargos judiciales que no atiende, como único criterio objetivo, democrático y público, a la demostración de la valía en un examen imparcial, tal y como ocurre, sin discusión, en Francia y en Italia".

Sin embargo, la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) considera "razonables y precisas" las reformas expuestas por López Aguilar, aunque cree necesario que vayan acompañadas de los medios materiales necesarios para que sean eficaces y propone un debate "sereno y meditado". JpD ve "muy conveniente" reformar el divorcio para que sea más simple y para contribuir a la menor crispación que producen las situaciones de ruptura, así como el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

También elogia la decisión de "ampliar generosamente los supuestos de despenalización del aborto a aquellos que siguen contribuyendo a que la mujer no sólo pierda parte de su autonomía personal, sino que padezca situaciones difícilmente asumibles".

Respecto a la reforma del sistema de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para JpD "debe acometerse tras un extenso debate en el que se tengan en cuenta las opiniones de la comunidad jurídica, universitaria y otros entramados y grupos sociales que trabajan en los elementos de política criminal que hacen reconocible un Estado de derecho como democrático y de garantías".

Respecto a la reforma que prevé encomendar al fiscal la dirección del proceso judicial, las asociaciones de fiscales están a favor de hacerse cargo de las investigaciones siempre que se las dote de medios. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Juan Antonio García-Jabaloy, reconoce la "buena disposición del Ejecutivo" pero indica que las 600 nuevas plazas de fiscales previstas no son suficientes para encarar la instrucción del proceso. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) reivindica más medios materiales, mayores garantías de imparcialidad y cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

La asociación judicial conservadora, además, se opone a entregar la instrucción del proceso a los fiscales porque, a su entender, ese sistema no conlleva las mismas "garantías de imparcialidad" que la instrucción a cargo de los jueces.

Por su parte, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer reclamar 48 juzgados de lo mercantil, 11 más que los anunciados por el ministro en el Congreso.