Un juez imputa a un concejal del PP por el derrumbe en el que murió un menor en Cádiz

El juez que investiga el derrumbe de la antigua Academia de Artillería de Cádiz, que se desplomó parcialmente el pasado 16 de enero causando la muerte de un joven de 15 años y heridas de diversa consideración a otros dos menores de 14 y 16 años, ha citado como imputado al senador del PP y teniente alcalde de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento gaditano, José Blas Fernández, por un delito de homicidio por imprudencia grave. El juez también ha citado como imputado al secretario municipal, Antonio Ortiz Espinosa, por un delito de encubrimiento.

Fuentes jurídicas y municipales confirmaron ayer que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz, Jorge Israel Bartolomé, que investiga la causa, ha citado como imputado al secretario municipal por no facilitar algunos informes relacionados con este siniestro, unos documentos que solicitó para la instrucción del caso. Sin embargo, según el Ayuntamiento, el edil está citado por encubrimiento y el secretario, por homicidio.

Los tres chicos, según el testimonio de los supervivientes, accedieron a estos viejos cuarteles militares, de propiedad municipal, por la puerta principal sin que nadie les limitase el paso. Jugaban en la primera planta del edificio desplomado cuando éste se vino abajo y quedaron atrapados entre toneladas de escombros.

Los padres del fallecido, Manuel Gallardo Selma, y de Juan Antonio Acosta, el joven con heridas más graves, denunciaron al Ayuntamiento al considerarlo "responsable directo" del accidente, ya que el edificio no estaba vallado, pese a estar "en ruinas", y "tenía numerosas grietas en las paredes y el techo". PSOE e IU acusaron al gobierno local, del PP, de una "clara negligencia grave". La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez; José Blas Fernández, y el concejal de Urbanismo, José Loaiza, defendieron siempre la actuación municipal.

El gobierno local de Cádiz había cedido el uso de la antigua academia a varias asociaciones ciudadanas sin contar con un informe técnico previo sobre el estado de la estructura que garantizara la seguridad del edificio.

De hecho, el pleno municipal aprobó ocho meses antes del accidente un convenio que contemplaba la demolición del edificio, pero el gobierno local explicó en su descarga que no agilizó el derrumbe porque los técnicos municipales que inspeccionaron este enclave no "advirtieron riesgo de derrumbe" un mes antes del siniestro. Entre el pleno y la inspección distaron, por tanto, más de seis meses, en los que el Consistorio no tuvo ningún informe técnico sobre el estado de la zona y no desalojó a los colectivos que desarrollaban su actividad en estas dependencias.

Tras meses de investigación, ayer se conoció la decisión judicial de citar como imputados a los dos responsables municipales. En una primera resolución, del pasado 18 de mayo, el magistrado citó a declarar por error en calidad de imputado al primer teniente alcalde Enrique García Agulló. En un auto posterior, del 20 de mayo, el magistrado rectificó y aclaró que la persona "a quien se pretendía citar" era el teniente alcalde delegado de Hacienda y Patrimonio. Blas Fernández, senador y presidente del Colegio de Graduados Sociales de España, ha sido citado mañana, aunque fuentes jurídicas y municipales explicaron que puede aducir su condición de aforado para no acudir a declarar ante el juez de Cádiz.

Asimismo, el juez ha citado como imputado, el próximo 9 de junio, al secretario municipal por un delito de encubrimiento. Las mismas fuentes explican que el magistrado le ha citado como imputado porque en la documentación que solicitó al Consistorio no figura un informe de la Policía Local que alertó siete meses antes del accidente del "abandono y mala conservación" del complejo y que éste era frecuentado por okupas, organizaciones sociales y que era escenario habitual de prácticas deportivas.

Tampoco recibió el juez el posterior acuerdo de la Comisión de Gobierno que acordó "medidas definitivas" para acabar con una "ocupación" tildada de "absolutamente intolerable". Este acuerdo requería "el desalojo" de las instalaciones en el plazo de tres meses; "la demolición", "obras de tapiado y cierre de todas las vías de entrada imposibilitando el acceso" y "la entrega inmediata" del terreno a Paradores Nacionales para la ampliación del Hotel Atlántico.