El Gobierno no impondrá la reforma del cálculo de la pensión

El Gobierno quiere que el proceso de diálogo social acabe con consenso y si UGT no acepta modificar el periodo de cálculo de las pensiones buscará "otras vías" de reforma. Así lo manifestó ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, tras la reunión que mantuvo junto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con Cándido Médez, líder de UGT.

Méndez comunicó al presidente verbalmente y por escrito (mediante la resolución del comité confederal de la central) que la UGT "no contempla una discusión que cambie el sistema de cálculo de la pensión a toda la vida laboral". Tampoco acepta debatir la rebaja de los costes de despido, porque cree que "ése no es el problema" para mejorar la estabilidad del empleo, y sí lo es "la utilización inadecuada de los contratos temporales y de la subcontratación, y la elevación de la eventualidad en todas las administraciones públicas".

Esos condicionantes no preocupan al ministro de Trabajo, incluso los considera "razonables", y estudia otras vías para mejorar la contributividad (acercar lo cotizado al importe de la futura pensión), como que "los trabajadores coticen más tiempo a la Seguridad Social y por mejores bases". Caldera está convencido de que puede haber acuerdo. En relación al coste del despido, "el Gobierno no tiene ninguna predisposición ni descarta nada", pero tiene claro que "no habrá reformas impuestas por decreto, porque son inútiles". Otra conclusión de esta reunión es que el Ejecutivo reconoce el protagonismo de los agentes sociales para debatir y gobernar la reforma de la negociación colectiva.

Consultas sobre el SMI

Con la ronda de encuentros que Zapatero inició con CEOE y CC OO la semana pasada y que ha concluido con UGT, culmina la etapa prólogo del diálogo social. El próximo paso será la cumbre con la presencia de los cuatro interlocutores antes de que concluya el mes de junio, y de la que saldrá una declaración conjunta y un calendario de negociación para toda la legislatura. Con un objetivo final: un pacto para mejorar la competitividad y corregir la precariedad del empleo que afecta a un 31% de los asalariados.

Hoy mismo se abrirá una mesa de consultas sobre la subida del salario mínimo (un 6,6% a partir del 1 de julio) y su desvinculación de otras rentas. Méndez cree muy positivo ese incremento, así como el compromiso del Gobierno de dedicar 4.000 millones de euros a mejorar las pensiones mínimas, y la creación del cuarto pilar del Estado del bienestar con un sistema de cobertura para las personas dependientes.

Otra coincidencia entre la central y el equipo de Zapatero radica en abordar los problemas que rodean a la inmigración, al que el Ejecutivo quiere dar carácter de Pacto de Estado. Méndez ha pedido al Gobierno que reconozca "un fuerte protagonismo de la patronal y los sindicatos" en ese debate, y también solicita la implicación y corresponsabilidad en él del Partido Popular.