El Gobierno quiere que la reducción de la temporalidad centre el diálogo social

La reducción de la temporalidad y la revisión de las bonificaciones a la contratación indefinida y del régimen de contratas y subcontratas centrarán la Declaración de Intenciones que el Gobierno quiere pactar con los agentes sociales de cara a un gran acuerdo por la competitividad y el empleo. Así lo ha asegurado el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en su primera intervención ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado, en la que compareció a petición propia y del PP.

Según Caldera, esta tarde se va a reunir con la patronal CEOE y los sindicatos CC OO y UGT para ir perfilando las reformas del mercado laboral y del sistema de protección social que habrá que acometer para mejorar el sistema productivo y crear empleo de más calidad.

Una vez que las materias estén consensuadas entre las tres partes, está prevista una reunión -para la que no hay fecha- entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los líderes empresariales y sindicales de la que saldrá una Declaración de Intenciones que fije el proceso de reformas.

La idea es que la declaración se haga pública entre junio y agosto, ya que para septiembre el Gobierno ha previsto la creación de una Comisión de Expertos que analice todas las reformas sobre la materia de los últimos diez años.

Respecto a la Declaración de Intenciones, Caldera ha desvelado que la primera materia sobre la que girará será la lucha contra la temporalidad, para lo que habrá que analizar el marco normativo que regula la contratación temporal y recuperar la causalidad de ésta.

Si se reduce la temporalidad, disminuye el gasto en protección, por lo que se podría acometer una reducción de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, ha destacado.

El cambio de la regulación, ha añadido, afectará asimismo al sistema de bonificaciones a la contratación indefinida, de tal modo que sean "selectivas y decrecientes" para estimular la permanencia en un puesto de trabajo.

Según ha recordado, el coste de las bonificaciones para la Seguridad Social es de "300.000 millones de las antiguas pesetas. Volumen muy importante que debería arrojar mejores resultados" para la conversión de puestos de trabajo temporales en indefinidos.

En cuanto a la revisión del régimen de contratas y subcontratas, ha mostrado su deseo de que se produzca de acuerdo con los agentes sociales, ya que si no el Gobierno abordará sólo está "problemática" de "aclarar" cuáles son las responsabilidades de esas empresas en los procesos de descentralización productiva.

Creación de empleo

Por otra parte, Caldera ha eludido dar, a preguntas de los senadores, una previsión de creación de empleo para este año, aunque ha asegurado que rondará el 2 %.

Sobre la extensión de la vida laboral, ha dicho que es necesaria para la viabilidad del sistema de pensiones, que ha de ser voluntaria y que sólo se puede conseguir con políticas incentivadoras -ahora por cada año que se retrasa la jubilación la bonificación es del 2 %-.

De la ampliación de los años para calcular las pensiones, ha defendido que se aumente la contributividad -las aportaciones de los trabajadores-; mientras que ha rechazado las transferencias a las comunidades autónomas en materia de Seguridad Social. "No hay margen" para las transferencias en materia de cotización y recaudación de la Seguridad Social, ni tampoco para el pago de obligaciones o la gestión de las prestaciones contributivas, ha advertido.

"Listón muy alto"

En el turno de respuesta de los senadores, la popular María Belén Do Campo le ha avisado de que el anterior Gobierno ha dejado el "listón muy alto" en materia de diálogo social, creación de empleo y lucha contra la siniestralidad, así como de gestión de la Seguridad Social, que "estaba en quiebra en 1996".

José Mendoza, de Coalición Canaria, le ha preguntado si el Gobierno tiene dotación presupuestaria para elevar el Salario Mínimo Interprofesional a 600 euros y las pensiones mínimas el 26 por ciento al final de la legislatura; mientras que Jordi Casas, de CiU, ha reclamado del Gobierno que sea "atrevido" para que el acceso al mercado laboral sea "muy flexible".

Desde el Grupo Parlamentario de los senadores Nacionalistas Vascos, Víctor Bravo le ha exigido la transferencia de las políticas de empleo y de la Seguridad Social al País Vasco; y María Burgués (Entesa Catalana de Progrés) le ha pedido que luche contra la temporalidad y aumente la formación de los trabajadores.