"La Agencia de Alquiler dará garantías al propietario a través de aseguradoras"

La nueva ministra de Vivienda tiene por delante uno de los retos más difíciles del nuevo Gobierno, que la vivienda vuelva a ser accesible para una mayoría de ciudadanos. María Antonia Trujillo (Peraleda del Zaucejo, Badajoz, 1960) viene de la Junta de Extremadura, donde ha sido consejera de Fomento, con la idea de hacer de la vivienda protegida y del alquiler sus principales apuestas. De forma inmediata pondrá en marcha la Agencia Pública del Alquiler, con mayores garantías para el propietario y ayudas al inquilino para conseguir sacar al mercado buena parte de los 3,5 millones de viviendas vacías existentes. En materia fiscal se propone equiparar las ventajas de la compra y del alquiler.

"Estamos trabajando en una modificación de los plazos del contrato de arrendamiento"

"Hay que adecuar la fiscalidad de la vivienda para equiparar la propiedad y el alquiler"

"Los ciudadanos no deben preocuparse por nuestra política de suelo; los especuladores, sí"

Pregunta. ¿Por qué un Ministerio de Vivienda?

Respuesta. Para dar respuesta a la preocupación por la vivienda que tienen los españoles, que es la tercera, tras el paro y el terrorismo.

P. ¿Por qué han subido tanto los precios en los últimos años?

R. Por un conjunto de factores que han provocado que los españoles no puedan acceder a una vivienda. En realidad, no ha habido política de vivienda estos últimos ocho años. El resultado es que el precio de la vivienda libre es muy alto porque no se ha construido vivienda protegida, se ha retenido suelo, las políticas liberalizadoras del suelo no han dado resultados...

P. ¿Hay burbuja inmobiliaria y riesgo de un ajuste brusco?

R. Han existido unas expectativas de revalorización del patrimonio inmobiliario que pueden generar un riesgo de ajuste brusco en el futuro. La situación actual es preocupante. Desde el Gobierno tenemos que adoptar medidas suficientes y eficaces para evitar el problema económico que se derivaría de ello. Estamos trabajando para que el precio de la vivienda se estabilice, para que no haya subidas tan fuertes. Somos conscientes de que hay un patrimonio inmobiliario revalorizado, con un sobreprecio.

P. ¿Del 20% como dice el Banco de España?

R. Probablemente.

P. ¿Qué piensa hacer para frenar los precios?

R. Habrá dos fases. Primero, un plan de medidas urgentes en suelo y vivienda, que es lo que se conoce como "plan de choque" que se aplicará durante lo que queda de año, con 70.000 actuaciones. Se aprobará durante el mes de junio. Después habrá el nuevo Plan de Vivienda, que comprenderá de 2005 a 2008.

P. ¿Alguna medida concreta?

R. Con carácter general nuestro objetivo es conseguir que la familia española tenga acceso a la vivienda. Y para lograrlo hay que incrementar el número de viviendas protegidas, evitar la retención del suelo y fomentar la cultura del alquiler para que los jóvenes se puedan emancipar. En España la edad de emancipación es la más alta de la Unión Europea.

P. ¿Cuando habla de actuaciones qué quiere decir exactamente?

R. No se trata de construir 180.000 viviendas al año, sino de facilitar este número de accesos a la vivienda. Esto incluye viviendas protegidas de todo tipo, desde nuevas a usadas, alquiler y propiedad. Y lógicamente, proporcionar el suelo que se requiera. En cuanto al "plan de choque", las 70.000 actuaciones se refieren sólo a vivienda en sus diversas modalidades.

P. ¿Va a tener presupuesto para esas medidas?

R. Obviamente. Las políticas de suelo y vivienda son costosas. Si estamos hablando de 180.000 actuaciones protegibles al año, significa que tienen que estar subvencionadas por el Estado. El presupuesto concreto lo tenemos que determinar con Hacienda.

P. ¿Qué líneas seguirá el Plan de Vivienda?

R. Será dialogado y concertado con todo el sector, y requerirá modificaciones legislativas, no sólo de tipo fiscal.

P. ¿El Plan de Vivienda se centrará en la promoción privada o pública?

R. Si no entra el promotor privado, entrará la iniciativa pública. En cualquier caso, los agentes privados son colaboradores natos de nuestros planes y hasta ahora, en las reuniones que hemos mantenido con ellos, dicen que están dispuestos a involucrarse en el mercado de vivienda.

P. Los promotores actúan cuando les salen las cuentas... y últimamente han preferido construir en el mercado libre.

R. En el mercado español hay más de tres millones de viviendas vacías, que no están habitadas. Así que todo lo que hacen lo venden sin problema. Haremos que los números salgan.

P. ¿Por qué cree que no han entrado hasta ahora?

R. Porque no se les ha permitido entrar. El Gobierno del PP no ha hecho política de vivienda protegida, ha ido directamente al mercado de vivienda libre, porque decía que los españoles tenían más dinero y podían pagar elevadas hipotecas durante prácticamente toda su vida.

P. ¿Modificará las deducciones por la compra de una vivienda en el IRPF?

R. Hay que adecuar la fiscalidad de la vivienda para equiparar la propiedad y el alquiler.

P. ¿Va a recuperar la desgravación fiscal al inquilino?

R. Éste es uno de los objetivos. Esto no significa necesariamente eliminar las desgravaciones al propietario.

P. ¿Aumentará los plazos de la cuenta vivienda?

R. Esto depende de otros departamentos.

P. ¿Es partidaria de gravar la vivienda vacía?

R. Se necesita un estudio más sereno para establecer qué se considera vivienda vacía. Hasta entonces no nos lo planteamos.

P. ¿Cómo van a sacar esas viviendas vacías al mercado?

R. Uno de los pilares será la Agencia Pública de Alquiler, que establecerá las garantías para que el propietario pueda sacar esa vivienda al mercado y el inquilino, con determinadas ayudas, pueda acceder a la vivienda.

P. ¿Sólo se va a dedicar a las ayudas?

R. En principio sí, pero estamos trabajando la posibilidad de ampliar sus cometidos.

P. ¿Cuáles serán las garantías para el propietario?

R. La Agencia Pública del Alquiler dará garantías al propietario, probablemente, a través de entidades aseguradoras. El objetivo es que el propietario tenga la seguridad de que esa vivienda vacía que pone en el mercado de alquiler está mantenida, reparada, se le devuelve cuando el contrato de arrendamiento lo permita... Y, por otra parte, que el inquilino tenga ayudas del Estado porque reúna las condiciones para acceder a esa vivienda.

P. ¿Cómo va a funcionar la Agencia? ¿Qué características tendrán estas viviendas? ¿Sólo podrán acceder los inquilinos que reciban ayudas?

R. Desde luego que no vamos a subvencionar alquileres de 1.800 euros. Estamos hablando de unos límites de alquiler, de unos determinados ingresos para el inquilino y con garantías y avales directos o indirectos del Estado para el propietario. La puesta en marcha de la agencia formará parte del "plan de choque".

P. ¿Se va a poder acceder a través de Internet?

R. Lo que no va a ser es algo burocrático, no quiero largas colas... El objetivo es crear un mercado de alquiler, casando oferta y demanda, desde el Estado y en colaboración con las comunidades y los ayuntamientos, con los agentes privados y todo tipo de instituciones. Y con la iniciativa privada también, por ejemplo, a través de convenios con agentes de la propiedad inmobiliaria. Se trata de sumar esfuerzos públicos y privados.

P. ¿Habrá una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos?

R. Estamos trabajando en una modificación de los plazos del contrato de arrendamiento. Ahora está previsto un año más cuatro. Probablemente, se cree una horquilla para permitir una tipología variable, que los plazos puedan variar según determinadas circunstancias que tengan que ver, por ejemplo, con la movilidad laboral.

P. ¿Tiene competencias su ministerio para hacer política de vivienda?

R. Claro que las tiene. El artículo 148 de la Constitución, que regula las competencias exclusivas de las comunidades autónomas incluye la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. Pero no hay ni una sola materia en ese artículo en la que no intervenga directa o indirectamente el Gobierno de la nación. El artículo 149 regula las competencias exclusivas que el Estado tiene. Por ejemplo, garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos y deberes de todos los españoles, las cláusulas generales de la ordenación de la economía, la legislación civil, procesal... Y todo esto incluye naturalmente lo relativo a urbanismo y vivienda.

P. El anterior ministro de Economía [Rodrigo Rato] fracasó en su reforma de la Ley del Suelo por este motivo.

R. Rato y el Gobierno popular fracasaron en su política de liberalización porque hicieron ocho reformas legislativas en materia de suelo a lo largo de sus ocho años de Gobierno. No es verdad que el Gobierno central no tenga competencias, por ejemplo, en la valoración del suelo. Las tenemos y las vamos a ejercer, por supuesto, en colaboración con las comunidades autónomas. Los ciudadanos no tienen que estar preocupados por nuestra política de suelo, pero los especuladores sí. El suelo no se puede retener, responde a intereses generales y tiene que salir al mercado.

P. ¿Podrían aprovechar la reforma de los estatutos autonómicos para modificar esta distribución de competencias?

R. No es necesario modificar los estatutos. Ahora bien, las leyes de las comunidades establecen distintos criterios que podemos utilizar. Por ejemplo, que el suelo público de las comunidades -del Estado ya nos ocupamos nosotros- pueda dedicarse a usos dotacionales, equipamientos o a vivienda protegida. Que no se haga ningún otro tipo de actuación sobre ese suelo. O que todas las leyes de suelo autonómicas establezcan una reserva mínima de suelo para la vivienda protegida y que ésta se haga.

P. ¿Ya le ha dicho a la Federación Española de Municipios que todo el suelo de los ayuntamientos tiene que dedicarse a vivienda protegida?

R. Las palabras pronunciadas por el presidente de la Federación han ido en ese sentido. Dialogaremos y concertaremos con las comunidades y los ayuntamientos, que son los primeros interesados en que el problema de la vivienda se resuelva.

P. ¿Quién le va a dar a los ayuntamientos el dinero que dejen de obtener si no les dejan financiarse con suelo?

R. La política de este Gobierno no va a ser facilitar que los ayuntamientos se financien con el suelo. La financiación de las haciendas locales tiene que venir por otra vía.

P. ¿Se van a acabar entonces las subastas de suelo público?

R. Es una de las medidas que pensamos llevar a cabo. Ya hay alguna comunidad autónoma en donde las subastas de suelo público están prohibidas y sólo se sale a concurso con precio máximo.

P. ¿Los terrenos de Renfe, Defensa o Hacienda sólo van a ir a vivienda protegida?

R. Así es, hasta donde lo necesitemos. El resto se tendrá que dedicar a desarrollo tecnológico o equipamientos, u otras dotaciones. Pero preferentemente irá a vivienda protegida.

P. ¿La vivienda protegida va a seguir siendo como la conocemos?

R. No, porque la tipología de familia ha cambiado y porque el fomento de la vivienda en alquiler también lo exige. En alguna zona se podrá incrementar el nivel de ingresos para el régimen especial [hasta 2,5 veces el salario mínimo interprofesional]. Pero no pensamos hacerlo, de momento, para el régimen general [5,5 veces].

P. ¿El modelo será el de Extremadura?

R. No exactamente. Se trata de conseguir los resultados que el modelo extremeño ha logrado, donde se construyen muchas viviendas protegidas y donde el gasto público es elevado porque de cada 100 viviendas, 35 tienen algún tipo de protección, mientras que en el ámbito estatal la media es de siete. El modelo extremeño es un referente porque se ha hecho mucha vivienda protegida. Pero también estamos viendo muchas peculiaridades de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas que se podrían tomar como referencia.

P. Sus recetas podrían ser calificadas de intervencionistas, de políticas de los años sesenta... ¿No se lo han dicho?

R. No creo que sea una política intervencionista. Ahora bien, el suelo tiene una función social, lo dice la Constitución, no me lo invento yo. Si eso es intervencionismo es intervencionismo constitucional. Yo creo que es concertación, colaboración y diálogo, entre lo público y lo privado.

P. ¿Por qué los extremeños dedican poco más de tres veces su salario a la compra de vivienda y los madrileños nueve veces?

R. Por las políticas de vivienda de la Junta de Extremadura, que han potenciado la vivienda protegida.