Trujillo anuncia más ayudas directas a la compra de vivienda y menos bonificaciones fiscales
El plan de choque que se aprobará en junio permitirá que 180.000 familias puedan acceder a una vivienda cada año
La ministra María Antonia Trujillo, ha explicado esta mañana en el Senado que el Gobierno dará prioridad a las ayudas directas para la compra de vivienda. La titular de Vivienda pretende cambiar la tendencia actual y reducir las bonificaciones fiscales. Trujillo ha asegurado además que el plan de choque que se aprobará el junio permitirá que 180.000 familias tengan acceso a una vivienda cada año.
Según la ministra, en el conjunto de la UE las ayudas directas a la vivienda suponen un 75% frente al 25% de las desgravaciones fiscales. Sin embargo, en España se da la situación contraria, ya que las bonificaciones fiscales ascienden al 82% del total de ayudas a la compra de vivienda. El Ejecutivo, según Trujillo, "va a cumplir su compromiso haciendo justamente lo contrario de lo que ha hecho el PP durante su Gobierno".
Sobre el plan de choque que prepara el Gobierno para solucionar el problema creado por el excesivo precio de la vivienda, generado por "el Partido Popular en los últimos ocho años", la ministra ha asegurado que "aunque desgraciadamente los resultados sólo se verán a largo plazo, el Gobierno pondrá en marcha a medio plazo un nuevo plan de vivienda 2005-2008 que invertirá la tendencia mantenida en los últimos ocho años" de Gobierno del PP.
El plan, según Trujillo, se aprobará en junio y "posibilitará que 180.000 familias tengan acceso a una vivienda digna y asequible, nueva o usada, en alquiler o en compraventa" cada año. Las prioridades del Gobierno, según la ministra, se enfocarán en "el incremento del número de viviendas protegidas, la creación de un mercado de alquiler que facilite el acceso a los ciudadanos de una vivienda" y a "evitar la retención del suelo".
La ministra ha indicado que el Gobierno ya está trabajando en "la tramitación de reformas normativas" que afectan tanto a la fiscalidad como al ámbito civil y urbanístico, y ha confirmado su intención de movilizar el suelo público de la administración general del estado para ponerlo a disposición de la construcción de viviendas.
