Los grandes de la UE aceptan negociar un reparto de poder más favorable a España

Los cuatro grandes de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) aceptaron ayer con diferentes matices negociar un nuevo reparto de poder en la UE que sea menos perjudicial para España y Polonia que el previsto en el proyecto constitucional europeo. La fórmula consistirá en elevar por encima del 60% el porcentaje de población necesario para que sea válida una decisión en el Consejo de la Unión, pero las cifras manejadas no llegan al 66,66% (dos tercios) que quiere España. "La posición española va caminando, pero no les oculto que con dificultades", declaró el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Por vez primera desde la fracasada cumbre de diciembre sobre la Constitución, la Conferencia Intergubernamental (CIG) de ministros de Exteriores de los 25 abordó ayer en Bruselas ese nuevo reparto de poder, el contencioso más sensible de la Carta Magna. El proyecto prevé que las decisiones en el Consejo se adoptarán por una mayoría de países (más del 50%) que representen al menos al 60% de la población (tres quintos). Toda elevación de esta segunda variable beneficia a España, porque tendrá más opciones de lograr minorías de bloqueo. Para que España alcanzara el mismo nivel de poder que obtuvo en el Tratado de Niza el año 2000, ese porcentaje de población tendría que llegar al 72,5%, una opción inimaginable porque las posibilidades de bloquear cualquier decisión (con sólo el 27,5% de la población) serían muy elevadas.

La novedad de la reunión de ayer consistió en que, también por vez primera, los grandes aceptan elevar el porcentaje del 60%. "Han dado luz verde", se congratuló Moratinos, "aunque de forma cauta y modesta", admitió. En efecto, la propuesta española de elevar al 66,66% la variable de la población no fue apoyada explícitamente por nadie. Ni siquiera por Polonia, el único país que aún pone trabas al sistema de la doble mayoría, aunque dice estar dispuesto a negociar.

El ministro italiano, Franco Fratini, fue el que más se aproximó y mencionó 65% o incluso 66%, un detalle significativo tras el apoyo de España a que la Constitución se firme en Roma y no en Madrid. El francés Michel Barnier admitió "ajustes", pero insinuó que 62% sería lo máximo. El alemán Joschka Fischer dijo que el porcentaje podía variar "un poco". Y el británico Jack Straw, menos dispuesto a echar una mano a Madrid que en la época del Gobierno del PP, calificó de "elegante" lo previsto en el proyecto constitucional y dijo que, si aumenta el porcentaje de población, también debe hacerlo el de los Estados.

Es precisamente lo que ha sugerido Irlanda, el país que ahora preside la UE. Su ministro de Exteriores, Brian Cowen, pidió "flexibilidad" a todos y advirtió del peligro de aumentar en exceso ambas variables, porque sería muy fácil formar minorías de bloqueo. La verdadera oposición a la tesis española vino de los países pequeños y medianos, "los menos federalistas", como dijo Moratinos. Hasta 14 de esos Estados apostaron por equilibrar ambas variables.

La gran mayoría de ellos se inclinó por la combinación 50%-50%, que es la que más poder les da y la que hace más difícil los bloqueos. También es la que menos gusta a los grandes. Para los alemanes Elmar Brok y Klaus Hansch, del Parlamento Europeo, es "una línea roja" inadmisible llegar al 66,66%.

De los contactos bilaterales de las últimas semanas se desprende que la fórmula de encuentro puede ser la de 55%-65%, que no acaba de satisfacer a España. La diferencia entre 65% y 66,66% de población representa siete millones de habitantes. Por tanto, los países con más de siete millones quedarían eliminados de posibles coaliciones a la hora de formar minorías de bloqueo con España.

Otra novedad de la reunión fue la constatación de que España, tras el cambio de Gobierno, se ha descolgado del grupo de países que exige que el preámbulo de la Constitución incluya una referencia a las raíces cristianas en Europa.