Gasto y derroche

Útil herramienta la constituida por el Global Competitiveness Report 2003-2004 (Oxford University Press, 2004), en la que se revisa cada año la evolución competitiva de más de un centenar de países. En la última edición, además de muy autorizadas contribuciones al conocimiento de los factores determinantes del crecimiento económico y de la competitividad, se incorporan mejoras metodológicas en la elaboración de los dos índices principales sobre los que se fundamenta la clasificación competitiva de los países y sus empresas.

La más importante de ellas es la relativa al tratamiento del gasto público de los países objeto de evaluación. Con arreglo a la metodología original del primero de los dos índices que publica ese informe, el referido a la competitividad de los países, elaborada por Jeffrey D. Sachs y John W. McArthur, la relación entre el gasto público y el PIB formaba parte de las variables que integraban el primer pilar (calidad del entorno macroeconómico) de los tres en que ese índice se fundamenta (los otros dos tratan de reflejar la calidad de las instituciones públicas y el progreso tecnológico). Lo hacia favoreciendo a los países con menor ratio de gasto, suponiendo implícitamente que el crecimiento económico se maximizaría con un nivel nulo de gasto.

Los países con mayor liderazgo competitivo no se caracterizan por un menor gasto público relativo, sino por un uso más eficiente del mismo

El editor del informe, el profesor Xavier Sala-i-Martin, considera con razón que ése no es un buen supuesto, "ya que muchos gastos públicos son productivos y contribuyen positivamente a la competitividad de una nación". Es más, "si el tamaño del gasto público es demasiado pequeño, aun cuando los impuestos sean bajos, el efecto favorable del gasto público será insuficiente (por ejemplo, los derechos de propiedad no son bien protegidos, las infraestructuras son inadecuadas, etc.)". En su lugar propone un subíndice compuesto que capture lo que bien podría traducirse como "derroche o despilfarro público" (public waste, en oposición a public spending), que integra tres variables expresivas de la existencia de subsidios públicos distorsionadores, desvío de fondos públicos y confianza pública en la honestidad financiera de los políticos. Favoritismo y corrupción, en definitiva, síntesis por excelencia del gasto público improductivo. Es una buena precisión, en especial para no incurrir en simplificaciones excesivas sobre la relación entre la competitividad y el tamaño del gasto o del déficit público. En realidad, aquellos países con un mayor liderazgo competitivo no son los que se han caracterizado por un menor gasto público relativo, aunque sí por un más eficiente uso del mismo.

Finlandia vuelve a ser en 2003 el país a la cabeza de la clasificación competitiva de las naciones, seguido de EE UU, Suecia y Dinamarca. España, recordemos, cae a la posición 23 desde la 20 en 2002. En lo que hace al índice de calidad del entorno macroeconómico, tras Singapur vienen también economías europeas con un sector público tradicionalmente activo: Finlandia, Luxemburgo, Noruega y Dinamarca.

España está en el puesto 17. En el nuevo subíndice de referencia, expresivo del gasto público improductivo, la posición española es la 22, encontrando en posiciones avanzadas a países con una relación de gasto público sobre el PIB superior a la nuestra (39,8% en 2003), como, por ejemplo, Finlandia (2º), Dinamarca (6º), Holanda (7º), Suecia (10º) o Reino Unido ( 12º). EE UU, con un gasto relativo inferior, ocupa la posición decimosexta. Recordemos que en los otros dos pilares en los que se basa la competitividad nacional, la calidad de las instituciones públicas y el progreso tecnológico, las respectivas posiciones españolas son la 31 y la 25.

Quizás no convenga olvidar, por último, que en todos los países con una posición avanzada en competitividad el Gobierno jugó un papel destacado en la inversión en esas tecnologías de la información y de las comunicaciones y en el fomento de la capacidad para emprender, que, en general, han permitido avanzar en eficiencia a la mayoría de ellas. Un propósito que ha convertido en prioritario el nuevo Gobierno español. Su compatibilidad con unas finanzas públicas saneadas es de todo punto posible.