Gesto autonómico

La retirada en bloque de 80 recursos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas puede ser interpretada como un gesto que intenta normalizar unas relaciones que han virado en exceso hacia el Tribunal Constitucional en la etapa del Gobierno del PP. El Constitucional, por su propia función, se ha convertido desde su creación en 1979 en un indicador fiable del grado de tensión que ha acompañado la tarea histórica de encajar las diversas piezas del Estado de las autonomías. El hecho de que actualmente estén pendientes de resolución 300 recursos de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones autonómicas es un indicio de que esa tensión ha subido en los últimos años y que las relaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas han discurrido más bien por derroteros de conflictividad jurídica que de negociación política.

La decisión del actual Gobierno de cribar y reducir en lo posible esa litigiosidad autonómica no sólo debería servir para rebajar tensiones y normalizar relaciones, sino para establecer pautas de conducta para el futuro. En ambas direcciones. En el Constitucional se acumulan también no pocos recursos y conflictos procedentes de las autonomías que deberían haber encontrado vías políticas de solución.

De los 80 recursos de inconstitucionalidad que el Gobierno estudia retirar, algunos, como los interpuestos por el anterior Gobierno contra los complementos a las pensiones asistenciales acordados por algunas autonomías, carecen de fundamentación jurídica. Sería absurdo mantenerlos, sobre todo cuando el propio Constitucional ya se ha pronunciado en algún caso sobre la legitimidad de tales complementos. Otros recursos pueden volver a la vía de la negociación política de la que nunca debieron haber salido, como los referentes al traspaso de la gestión de los parques naturales a las comunidades autónomas o a la ampliación de su potestad tributaria en algunos supuestos. Y otros más, como los interpuestos contra leyes automómicas de paridad electoral o de horarios comerciales, dejarán de tener sentido por modificaciones normativas previstas o por interpretaciones más flexibles de la norma vigente.

La retirada de 80 de los 300 recursos de inconstitucionalidad acumulados contra leyes autónomicas muestra las vías que hay que seguir para rebajar la conflictividad entre el Estado y las autonomías y evitar la judicialización excesiva y artificial de sus relaciones. No le vendría tampoco mal al Constitucional que esas vías se consolidaran, no sólo para aliviar su trabajo, sino sobre todo para evitar su utilización en conflictos que en ocasiones tienen más carácter político que jurídico.