El Tribunal Superior ordena a Boadilla devolver el palacio a su antiguo dueño

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio el 17 de mayo un plazo de 30 días al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González, del PP, para que devuelva el palacio del Infante Don Luis a su antiguo dueño y que éste reintegre al municipio el dinero que ha recibido por el inmueble. Boadilla adquirió en 1998 esta joya arquitectónica, obra de Ventura Rodríguez, por 12 millones de euros, de los que ha desembolsado seis (4,8 millones en terrenos y 1,2 en efectivo).

La operación se truncó cuando la localidad perdió la propiedad del edificio por una sentencia de octubre de 2002. Ésta declaró nula la compra del palacio, debido a que se basa en el Plan General de urbanismo de 1991, que también fue anulado por defectos de forma. Esto obliga a dar marcha atrás y volver, antes de fines del próximo junio, a la situación de hace seis años: el palacio regresa a manos privadas.

El equipo de gobierno boadillense busca ahora una fórmula para deshacer la compra del inmueble y sus jardines e intentar adquirirlo de nuevo. Según el auto de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el alcalde debe hacer efectivas, sin más dilación, las consecuencias de la nulidad del convenio de adquisición. Y para ello, el auto aclara que cada parte debe devolver a la otra lo que de ella hubiera recibido.

El auto recuerda al alcalde que el pleno de la Corporación decidió proceder a la ejecución de la sentencia que declaró nulo el convenio de compra. Pero hasta el momento no ha habido ninguna actuación municipal al respecto. Por este motivo, la sala apremia al Ayuntamiento y le indica que "resulta urgente la adopción de las medidas oportunas para proceder a la ejecución de la sentencia".

Cuando Boadilla firmó la compra del palacio, en julio de 1998, pagó 1.202.000 euros en efectivo y 4.846.562 en fincas municipales libres de cargas. Estaba previsto abonar el resto de la deuda con la construcción de 226 viviendas. La nueva situación paralizó este pago. El vendedor del palacio, Enrique Rúspoli, se desprendió de las fincas, que hoy están edificadas, por lo que su reintegro al municipio es imposible.

"El propietario del palacio vendió las fincas que recibió como pago por 7,2 millones de euros, un 50% más de la valoración realizada por el Ayuntamiento. Esto prueba que el Ayuntamiento valoró a la baja los terrenos que estaba dando por el palacio. Esperemos que cuando se vuelva a adquirir el palacio, la valoración sea más acorde a la realidad del mercado", mantiene Ángel Galindo, concejal del grupo político Alternativa por Boadilla (APB).

El alcalde, por su parte, cumplirá la decisión judicial, y además intentará que el palacio vuelva a manos municipales. "Pero no a cualquier precio. Hay que tener en cuenta que las condiciones de adquisición sean lógicas", dice González. "Una vez deshecha la compra", continúa, "encargaremos una valoración nueva y veremos si a Rúspoli le interesa vender por lo que nosotros podemos pagar".

Por otro lado, el regidor subraya que "el municipio no puede mantener solo semejante inmueble". "Necesitamos ayuda y que la Administración apoye los dos proyectos que ya existían con el fin de conservar el palacio: el establecimiento en el palacio del Museo de la Historia de España y de la Escuela Ecuestre Militar", añade.

Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Asamblea, visitó ayer el palacio y corrobora el punto de vista de esta asociación. "Se me cayó el alma a los pies", relata Simancas. "Es una pena, porque es un edificio que se podría restaurar con la ayuda de la Comunidad. Creo que lo más adecuado sería adquirir el palacio definitivamente y que el Ayuntamiento de Boadilla y el Gobierno regional plantearan un proyecto para destinarlo a un fin cultural y educativo".

En el próximo pleno todos los grupos políticos presentarán una moción apoyando la nueva adquisición del inmueble.