Barcelona aprueba su plan de vivienda con el rechazo de CiU y el PP
La política residencial provoca un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición
La política de vivienda desató ayer un agrio debate en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Xavier Trias (CiU) cargó contra el equipo de gobierno acusándole de practicar "una política neoliberal total" en materia de vivienda. Xavier Casas le replicó que CiU y el PP eran ultraconservadores. La intervención de Trias fue como una bofetada para los tres partidos que gobiernan la ciudad. Sus dirigentes respondieron con dureza, responsabilizando a CiU y el PP de la subida de los precios de la vivienda y recordando a Trias que CiU votó durante siete años los presupuestos del PP que permitieron el encarecimiento y marginaron a Barcelona y Cataluña.
El primer teniente de alcalde, Xavier Casas, presentó el plan de la vivienda para el periodo 2004- 2010. La intención del Ayuntamiento, dijo, es promover 10.000 pisos protegidos, con una previsión inversora de 435 millones de euros, lo cual representa el 20% del presupuesto de inversiones de la legislatura. Estas 10.000 viviendas son sólo una parte de las que deben construirse, explicó, ya que se prevé para ello sólo la aportación municipal, pero se confía en que haya otras procedentes de los gobiernos autónomo y central. Casas respondía a Trias, que había calificado el proyecto de mera propaganda, tesis a la que se apuntó también el popular Alberto Fernández.
Trias dejó claro que no creía demasiado en las promesas, y como prueba, los 25 años de gobierno de izquierdas en Barcelona. "Ustedes han sido incapaces de hacer una política de vivienda eficaz y se han preocupado más de transformar la ciudad que de construir viviendas sociales", dijo. Le replicó Jordi Hereu (PSC). Desgranó una serie de datos: "En los últimos ocho años se dedicó en España el 1% del producto interior bruto a la vivienda social", y devolvió el golpe a Trias preguntándole por qué no dedicó una sola línea a la vivienda en el discurso que hizo en el Congreso en el último debate sobre el estado de la nación.
Eugeni Forradellas (ICV) intervino para remachar lo mucho que, en su opinión, ha tenido que ver la política del PP en el encarecimiento de los precios. Recordó que el 55% de las viviendas protegidas de Barcelona las construyó el Ayuntamiento. Y remató con una sugerencia que trataba de demostrar que no es "neoliberal": "Para avanzar hacia la vivienda digna tendría que perder terreno el derecho de la propiedad privada del suelo".También intervinieron el alcalde, Joan Clos, y Jordi Portabella (ERC).
Si el debate de la vivienda hizo saltar chispas en la sala de plenos, lo que acabó de avivar las iras de algunos concejales fueron sendas proposiciones de CiU y el PP instando a negociar un nuevo modelo de financiación autonómica y a favor de un nuevo convenio para sacar las prisiones de la ciudad de Barcelona. Esta vez fue la concejal de CiU Sònia Recasens la que resultó vapuleada. Imma Mayol (ICV) le espetó: "¿Qué han hecho ustedes en 23 años para mejorar la financiación? Votaron siete años los presupuestos del Estado y ahora vienen diciendo que es insuficiente".
Fernández Díaz tuvo un mal día. En el fragor de la discusión sobre las prisiones afirmó en un tono altanero y despectivo: "Celebro que las cárceles estén llenas de delincuentes en lugar de que anden sueltos por la calle". La concejal republicana Pilar Vallugera le salto al cuello: los delincuentes de las cárceles "son nuestros delincuentes", dijo, para añadir que el objetivo no es que se pudran en prisión, sino que se reinserten.
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