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Algunas cifras para el debate

En Barcelona se construyeron 13.894 viviendas entre 1996, cuando el PP llegó al Gobierno central, y 1999. De ellas, el 21,2% fueron de protección oficial. Entre 2000 y 2003, ambas cifras aumentaron. El total se situó en 18.638, el 22,1% de ellas eran protegidas. En ninguna otra parte hubo un aumento porcentual de la vivienda de protección. En Madrid, donde el PP gobierna en el municipio y la comunidad, la VPO está bajo mínimos. En Cataluña anda algo mejor, pero muy lejos de las cifras de barcelonesas. El 22% del capital cae al 8,6% en el conjunto de Cataluña. Y ello pese a que el Gobierno catalán sostenía que su política inversora destinaba más a las zonas menos pobladas en aras del reequilibrio.

El aumento de la construcción de viviendas de protección oficial en Barcelona -mientras que disminuían en cualquier otra parte (incluida el área metropolitana, donde, sin embargo, se mantenía aún en el 14,5%)- es uno de los argumentos del equipo de Gobierno para aducir que su política de vivienda no es tan nociva como la que se hace en otras partes. Reconocen los responsables municipales que el alquiler va a la baja. En 1960 más del 80% de los barceloneses vivía de alquiler, ahora apenas lo hace el 30%. Y en esto, opina la oposición, algo tendrá que ver el que fue ministro socialista, Miguel Boyer, que promovió un cambio legislativo que, supuestamente, inclinaría a la gente a alquilar.

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