Discriminación

Quiero con estas palabras denunciar la discriminación sufrida por mi familia frente al proceso de escolarización en Úbeda (Jaén), ciudad donde no existen colegios privados a los que poder optar en caso de tener dificultades para entrar en la enseñanza pública. Todo se inicia al trabajar ambos padres, superar un mínimo de renta y no defraudar a la Hacienda pública, pagando los puestos escolares que con muchas dificultades nuestros hijos alguna vez disfrutarán.

Al intentar iniciar la escolarización, en el sistema público, del mayor de mis hijos, la administración me ofreció plaza en el centro escolar más alejado de mi domicilio, siendo materialmente imposible la asistencia del niño a éste por incompatibilidad entre el horario escolar y el laboral de ambos padres, la inexistencia de transporte escolar y no disponer de otro familiar o similar que pudiera acompañarlo. La única solución, "ofensiva y jocosa a la vez", ofertada por una usuaria fue que alquiláramos un taxi porque ganábamos más. Por tanto, como última instancia y tras múltiples e infructuosas búsquedas de centro, obtuvimos plaza en un centro concertado, no muy alejado del domicilio familiar, donde tanto el niño como su hermana, dos años menor, han cursado la enseñanza primaria.

Tras terminar ésta (siempre en el mismo centro por razones pedagógicas y de oferta de plazas) queremos optar nuevamente a un centro público, en este caso para la ESO. Para ello previamente nos hacen renunciar a la plaza que teóricamente le correspondería en el centro concertado ("renuncia fantasma" porque en el anexo que se nos hace firmar no consta tal extremo); no obstante es una medida que me parece justa si vamos a competir en igualdad de condiciones con el resto del alumnado de la ciudad. Pero ¡no!, se nos barema igual que al resto y se nos coloca en una lista aparte para ofrecernos sólo las plazas sobrantes de todo el proceso de escolarización, o sea, estamos "a la cola" de "la cola". La razón aducida es que procedemos de un centro concertado donde tenemos reservada una plaza pero... ¡si ya hemos renunciado a ella! (según lo dicho por la administración). En resumidas cuentas, una niña cuyo padre trabaja como docente en un IES público (IES San Juan de la Cruz), donde el hermano ya está escolarizado y cuyo baremo supera con creces el necesario para acceder a una plaza en dicho centro, se queda fuera y a la espera de la obtención de plazas por el resto de los niños para optar a las sobrantes. ¿Es esto igualdad de oportunidades? ¿Es así como se protege la libre elección de centro?