Nueve maltratadores inician en Alicante un curso de rehabilitación

"Yo no quiero pegar a mi mujer, pero soy un enfermo. Quiero salir de esto", afirma un maltratador. Quien hace esa confesión participa junto a otros ocho condenados por violencia doméstica en el primer programa público formativo para su reeducación y reinserción. Esta pionera iniciativa, que empezó ayer y que desarrolla la Audiencia de Alicante, va dirigida a los agresores con penas inferiores a dos años y que el juez les haya suspendido la condena. No obstante, los seleccionados están obligados a completar el curso o, de lo contrario, ingresarán en prisión.

"Maltrato a mi mujer física y psicológicamente desde hace ocho años y sin ningún motivo. Soy un enfermo y no quiero vivir así". Así se expresó ayer R. P. G., de 37 años, uno de los nueve hombres que estrenaron el curso de reeducación y reinserción de maltratadores diseñado por la Audiencia de Alicante. En la actualidad, ninguno de ellos cumple su condena [de tres a 24 meses] en prisión. En todos estos casos, el juez suspendió el castigo al considerar, por la levedad de la agresión objeto de juicio, desproporcionada la medida del ingreso en la cárcel. A cambio, los maltratadores están obligados a participar en este programa pionero de reeducación.

Los nueve condenados por maltrato, con una media de edad de unos 35 años, iniciaron la primera sesión de terapia al filo de las nueve y media de la mañana. En el trato personal, los participantes no reflejaban aparentemente ningún signo que delatase su faceta de maltratador, sino más bien al contrario. Entre ellos, un agricultor, un mecánico y un licenciado en ingeniería y sociología, quienes atendieron a este periódico. Sus comportamientos adoptaron, por el contrario un cariz más violento cuando abordaron en común el asunto de la mujer como víctima.

La sesión se prolongó cuatro horas, donde los agresores, durante las ponencias de los expertos [un psicólogo, un jurista,un sociólogo y un forense], contaron sus experiencias personales. Todos, a excepción de R. P. G., alegaron un mismo argumento. No sólo no se reconocieron maltratadores, sino que culparon a sus parejas de provocarles para que fuera agredidas. Este es el caso del único inmigrante entre los asistentes, un ciudadano ecuatoriano de 32 años que trabaja en la agricultura y que fue condenado, según cuenta, a dos años de cárcel. "La relación comenzó a funcionar mal desde que mi mujer se iba con las españolas y dejó de prepararme la comida y la cena. Lo único que hice un día fue empujarla y ella ahora me ha jodido la vida".

El licenciado en sociología y empresario argumentó que todo fue una invención de su pareja. Según éste, la mujer alegó en su denuncia que fue víctima de una paliza. De la misma forma se expresó otro de los asistentes. "Yo soy una persona muy diplomática y nunca le puse la mano encima, se lo ha inventado". Al hilo de esta manifestación, otro de los asistentes espetó: "Si me meten en la cárcel sin haber hecho nada, cómo crees que luego voy a salir". R. P. G., de 37 años y ex mecánico de profesión, fue el único que asumió su responsabilidad. "Soy una persona violenta y necesito ayuda. Igual que todos los que están aquí, ¿o tú te has creído lo que han contado? Por supuesto que las han maltratado", recalcó. Este hombre, casado con su mujer durante 16 años, comenzó a agredirla hace ocho años. Fue condenado a siete meses de cárcel por una paliza.

"A veces no he tenido motivos, y lo he pagado con ella. Primero empezaron los insultos, las humillaciones y luego las palizas", relata. "Si no le pongo remedio con ayuda terapéutica, volveré a caer. El maltratador que diga lo contrario miente", dice.

El impulsor del programa, Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante y vocal del Observatorio de Violencia Doméstica, explicó que esta medida no persigue quitar las penas a los agresores, sino que es un programa complementario cuyo incumplimiento podría acarrear la revocación de la suspensión y, por tanto, la entrada en prisión. En caso de reincidencia, los maltratadores sumarán a su última condena la pena que en su día quedó suspensa. La finalidad es evitar la reiteración delictiva en casos de violencia doméstica pese a que exista un perdón de la víctima. El 40% de los condenados por maltrato suele disfrutar del beneficio de la suspensión de la condena. El presidente de la Audiencia señaló que esta iniciativa responde a una demanda de los jueces de Lo Penal y una medida recogida en la Constitución y en el Código Penal. "Hasta ahora algunos jueces al suspender la condena obligaban a los agresores a participar en unos cursos de rehabilitación que, paradójicamente la Administración no ofrecía".