El PSC propone a sus socios de gobierno una ley electoral que iguala el valor de todos los votos

El Grupo Socialista en el Parlament ha hecho llegar a sus socios del tripartito y al Gobierno catalán una propuesta de ley electoral que igualaría el valor de todos los votos, con independencia de que los electores fueran de Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona. El texto desarrolla las bases del acuerdo tripartito y defiende un sistema similar al alemán, con doble votación: una para un partido y otra para un diputado comarcal. La propuesta contradice los planes anunciados por el consejero de Gobernación, Joan Carretero, que defiende un sistema similar al actual.

El republicano Joan Carretero defendió el pasado martes, en contra de lo fijado en el pacto tripartito, que la ley electoral catalana, pendiente desde 1980, sea "parecida" al sistema actual, que beneficia las circunscripciones menos pobladas. En las últimas autonómicas, cada diputado por Barcelona exigió 47.000 votos para salir elegido; en Tarragona, 28.000; en Girona, 21.000, y en Lleida, 18.000.

El portavoz del Gobierno catalán, Joaquim Nadal, desautorizó el mismo martes al consejero al subrayar que su comentario reflejaba sólo sus "opiniones subjetivas", y el portavoz del Partit dels Socialistes (PSC), Miquel Iceta, recordó en una nota que el pacto tripartito dibuja un sistema muy distinto al actual con el objetivo de que sea imposible lo sucedido en los comicios de 1999 y de 2003: que un partido gane en votos y pierda en escaños.

Los socialistas, de hecho, tienen ya elaborada una propuesta articulada de ley electoral que han hecho llegar a los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida (ICV-EUiA) y al Departamento de Relaciones Institucionales, que dirigirá el proceso. El texto, de 23 folios y 48 artículos, desarrolla exhaustivamente las bases insinuadas en el pacto tripartito, aunque se trata sólo de un "documento de trabajo" para situar el debate entre los socios de gobierno.

La propuesta defiende, en contra del criterio de Carretero, un sistema inspirado en el modelo alemán, en el que todos los votos valen igual a la hora de atribuir escaños a los partidos y al mismo tiempo se garantiza la representación en el Parlament de todos los territorios, incluidos los menos poblados. De prosperar, el elector se encontraría con dos urnas: en una debería elegir una lista de partido y en la otra una persona para representar a su comarca o distrito (véase el cuadro).

La lista de partido sería de ámbito nacional, la única forma de garantizar que todos los votos tienen el mismo peso. De esta urna saldría el reparto de escaños entre los partidos que superen el umbral del 3%, utilizando el sistema proporcional de Hondt, el mismo que se utiliza actualmente. La urna comarcal serviría para seleccionar a parte de los políticos que se convertirían en diputados, pero no determinaría el número de escaños de cada grupo.

Aplicada sobre los resultados de las últimas elecciones, la ley hubiera originado una leve pero significativa diferencia en el Parlament: Convergència i Unió (CiU), la formación más beneficiada por el sistema actual al tener mejor implantación en las zonas rurales, perdería tres escaños. El PSC, el PP e ICV-EUiA ganarían uno cada uno. Esquerra quedaría igual.

El proyecto elaborado por los socialistas fija por ley la paridad de sexos en las listas electorales: el artículo 26 establece que cada lista debe contar con un máximo del 60% y un mínimo del 40% de candidatos de cada sexo. Y para asegurar que la paridad trascienda la lista y llegue también al Parlament añade que este porcentaje debe aplicarse "en cada tramo de cinco candidatos".

Fiscalización de las cuentas

La propuesta incluye otra novedad: la implicación tasada de la Sindicatura de Cuentas en la fiscalización de los presupuestos de campaña de los partidos. Las formaciones deberían presentar sus cuentas a esta institución en un máximo de 125 días después de los comicios. La Sindicatura tendría entonces 75 días para elaborar un informe y podría "contrastar las contabilidades" presentadas por los partidos con una evaluación por parte de expertos.

El documento prevé también la creación de una Junta Electoral de Cataluña, con lo que acabaría la disparidad de criterios de los organismos provinciales. También quedaría establecido por ley el debate entre los principales candidatos en TV-3, que albergaría a los candidatos de los partidos que hubieran superado el 5%.