Yagüe elude revocar 34 licencias ilegales dadas por el anterior gobierno municipal marbellí
La Junta ha impugnado 11 autorizaciones en el TSJA y da un ultimátum sobre las otras 23
El nuevo gobierno municipal de Marbella no acaba de desmarcarse de las irregularidades urbanísticas de sus antecesores. La Consejería de Obras Públicas ha enviado en los últimos meses sucesivos requerimientos al Ayuntamiento marbellí para que suspenda 34 licencias de obras concedidas por las anteriores corporaciones porque atentan contra el planeamiento vigente, pero el equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe ha hecho caso omiso. Ante esta inacción, la Junta ha impugnado ya en los tribunales 11 de ellas, y ha advertido de que hará lo mismo con las otras 23 si tampoco son revocadas.
El convenio de colaboración firmado en enero entre el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Obras Públicas para la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) abrió un nuevo marco en las relaciones entre ambas instituciones, pero las tensiones no han desaparecido. La Junta lamenta la inhibición el gobierno municipal en la restitución de la legalidad urbanística en el municipio, y entiende que no revocar las licencias que le ha requerido le hace "corresponsable" de las irregularidades cometidas por las corporaciones presididas por Jesús Gil y Julián Muñoz, con las correspondientes consecuencias penales que podrían derivarse.
En los últimos meses, la Consejería de Obras Públicas ha remitido al Ayuntamiento de Marbella varios requerimientos para que anule 34 licencias de obras en las que ha detectado deficiencias graves -en la mayoría de los casos se trata de autorizaciones para construir en suelo no urbanizable o reservado a equipamiento público-. En ninguno de los casos ha habido respuesta alguna, y la inspección de la Junta ha confirmado que tampoco se han ejecutado y que las obras siguen en ejecución.
La Junta ya ha presentado ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) impugnaciones contra 11 de estas licencias al no haber sido atendido su requerimiento de que fueran anuladas. Estas impugnaciones afectan a 1.349 viviendas en distintas zonas de la ciudad y a un hotel de cinco estrellas en Puerto Banús.
El pasado viernes 14 de mayo, el delegado de la Consejería de Obras Públicas en Málaga, José María Ruiz Povedano, remitió al consistorio marbellí un nuevo requerimiento instando a la anulación de otras 23 licencias, que ya había enviado con anterioridad en dos ocasiones anteriores, la última de ella el 20 de abril, y ha advertido a Yagüe que en caso de no actúe las impugnará también en la vía judicial.
Estas 23 licencias afectan a unas 1.400 viviendas, una estación de servicio, un hotel y dos centros comerciales. De ellas, ocho corresponden a una misma promotora, La Reserva de Marbella, con un total de 405 viviendas; y tres a Almagro Pro para otros tantos proyectos en la urbanización Guadalmina que suman 360 viviendas.
La nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que los alcaldes, a instancias de la Consejería de Obras Públicas, dispondrá la ejecución de una licencia u orden de ejecución cuando éstas sean incompatibles con la ordenación urbanística, lo que lleva implícito "la paralización inmediata de los actos que estén aún ejecutándose". El riesgo de que las obras continúen es, una vez más, que al final del procedimiento el TSJA anule la licencia cuando las viviendas ya estén construidas y habitadas.
PGOU para dos
El equipo de gobierno que preside Marisol Yagüe deberá adjudicar en los próximos días los trabajos de redacción del nuevo PGOU de la ciudad, al que optan dos equipos, después de que el pasado día 5 la alcaldesa, que preside la mesa de contratación, decidiera excluir del concurso público a las otras dos ofertas presentadas a instancias de la Junta de Andalucía, que cuestionó su solvencia técnica.
El criterio de la Junta no era vinculante, pero Yagüe decidió la exclusión "en una interpretación flexible y generosa" del convenio suscrito entre ambas administraciones en enero pasado, en virtud del cual la Consejería de Obras Públicas financiará los trabajos. Las empresas excluidas son Arnáiz Consultores y Diaplan, y Estudio Pereda 4.
Ahora optan al concurso el estudio madrileño Bardají y Asociados, y el sevillano Territorio y Ciudad, que dirige Manuel González Fustegueras.
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