El Ejecutivo cambiará la ley para ahorrar miles de millones en expropiaciones

El Gobierno no está dispuesto a seguir pagando más de la cuenta a los propietarios de las fincas que necesita expropiar para construir líneas de alta velocidad ferroviaria y carreteras. El Ministerio de Vivienda, que contará con la colaboración de Fomento, abordará una reforma de la Ley del Suelo para que se aplique el criterio de valorar el suelo rústico como tal y no como urbanizable, como se ha venido haciendo hasta ahora en las sentencias judiciales con el sobrecoste considerable que esto supone para la Administración.

La modificación de la ley fue decidida ayer por el Consejo de Ministros, que precisamente suspendió la expropiación forzosa de 55 fincas afectadas por las obras de la variante ferroviaria de la línea Madrid-Hendaya en Burgos, incluida dentro del programa de alta velocidad. El Gobierno justificó esta medida alegando que los criterios que aplican los jurados provinciales de expropiación forzosa encarecen un 6.000% el coste de las indemnizaciones que se pagan a los propietarios de los terrenos afectados en Burgos. Por eso, los considera "lesivos para el interés público".

El caso de esta variante del Madrid-Hendaya sirve como ejemplo para explicar el funcionamiento de las expropiaciones: la Administración valoró esas 55 fincas en 119.704 millones de euros (precio de finca rústica), pero los propietarios pidieron 6,12 millones (precio de suelo urbanizable). Ante la evidente falta de acuerdo, el Jurado de Expropiaciones Forzosas de Burgos tasó los terrenos en 4,16 millones, con lo que valoró un suelo rústico como si fuera urbanizable.

Jurisprudencia

Esta práctica es la norma en estos procesos, ya que existe una línea jurisprudencial que establece que si el suelo expropiado va destinado a la ejecución de sistemas generales (en este caso viarios), se considera urbanizable. De esta forma, aunque el Gobierno declare lesivas las expropiaciones en Consejo de Ministros, el propietario puede recurrir la decisión en la jurisdicción contencioso-administrativa correspondiente, donde se puede volver a aplicar la misma vía jurisprudencial que considera estas fincas como suelo urbanizable.La reforma de la ley evitará los sobrecostes en las expropiaciones, según el Gobierno.

Sin embargo, el caso de los terrenos de Burgos es sólo la punta del iceberg. Si el Gobierno se sale con la suya, se podría ahorrar miles de millones de euros. Baste un dato: sólo el coste oficial de las expropiaciones de terrenos por la línea del AVE Madrid-Barcelona asciende a 218,9 millones de euros.

El ambicioso plan de infraestructuras prevé otros cinco nuevos corredores de alta velocidad y en materia de carreteras se están construyendo actualmente más de 2.000 kilómetros, lo que eleva el coste de las expropiaciones previsto a miles de millones, puesto que el valor de las expropiaciones puede suponer entre el 5% y el 10% del total del presupuesto de un proyecto.

Sin embargo, incluso con una reforma legislativa no será fácil, puesto que el Gobierno se puede enfrentar a recursos de inconstitucionalidad de las comunidades autónomas y a recursos de los particulares en los tribunales, como ya ha sucedido.

En el mismo caso se encuentra la posible reforma de la Ley del Suelo para eliminar los elementos especulativos de la valoración de los solares para la construcción de viviendas. Ésta es una de las medidas que contempla el Gobierno para poner freno a la escalada de precios de los pisos.