Por nuestro propio bien

Sorprende la falta de criterio de muchos dirigentes y representantes de la sociedad española sobre la conveniencia o no de modificar la Ley Electoral General para introducir el principio de paridad entre hombres y mujeres, en todas las candidaturas y en todos los comicios. La mayoría parece desconcertada por el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, hablara de esa reforma en su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso. Quizás porque esa mayoría de dirigentes y representantes sociales no le ha concedido nunca la menor importancia al tema, ni cree, desde luego, que sea algo prioritario, la reacción más frecuente ha sido la de pasar sobre él de puntillas, con los menores comentarios posibles.

Si se rechaza la reforma de la Ley Electoral no será en defensa del criterio de igualdad

Hay muchas mujeres en todas partes..., menos en donde se decide o se ejerce influencia

Incluso, si se ponen a pensarlo, muchos de ellos llegan a la rápida conclusión de que la idea les inspira una gran desconfianza. Sobre todo, afirman, porque está claro que violenta los criterios ¡de igualdad!

¿No es fantástico? Como diría la escritora neozelandesa Janet Frame, la frase "por tu propio bien" es siempre el mejor argumento para hacer que las mujeres (y los hombres) acepten lo que menos les conviene. (Es el argumento que también utiliza el Senado norteamericano para no difundir los vídeos de torturas: por el bien de los torturados y de su dignidad).

Cualquier ciudadano mínimamente honesto sabe que a su alrededor hay muchas, muchísimas mujeres, pero que pocas, muy pocas, están en puestos de dirección. Faltan también, de una forma todavía más escandalosa, en los centros de influencia. Y es algo muy raro porque en España ya hay casi más mujeres economistas, juristas, médicas, catedráticas de física cuántica... o expertas en espeleología que hombres. Hay muchas mujeres por todas partes... menos en donde se decide (excepción hecha de este Gobierno).

Cualquier ciudadano mínimamente despierto sabe también que la desigualdad se ha producido siempre, y se sigue produciendo, en perjuicio de las mujeres y sería francamente extraño que sólo ahora, cuando se habla de la posibilidad de exigir que ninguna candidatura electoral tenga menos del 40% ni más del 60% de cualquiera de los dos sexos, sea cuando esté en verdadero peligro la Revolución Francesa.

No se trata de que la presencia de la mujer en esos sitios vaya a cambiar muchas cosas en el mundo. Es posible que no se comporten muy diferentemente o que no piensen muy diferentemente. Es sólo una cuestión de justicia, tan aplastante y evidente que resulta extraño que los hombres no se levanten un día sorprendidos y avergonzados por haber acudido tantas veces, tantos años, a reuniones decisivas sin darse cuenta siquiera de que algo raro estaba pasando. Groucho Marx, que siempre fue muy sincero, afirmaba que le dejaría sin dudar su silla a cualquier otra persona, "si no fuera por el hecho de que estoy sentado yo mismo en ella". Y eso es exactamente lo que ha venido pasando: o se favorece desde un punto de vista legal la idea de la paridad y se muestra el camino para desalojar algunas sillas o no se encontrará nunca mobiliario suficiente para compartirlo.

Quede claro que si se rechaza la reforma de la Ley Electoral será por cuestiones políticas o, tal vez, estrictamente jurídicas, quizás explicables, pero no en defensa del sacrosanto principio de igualdad ni por nuestro propio bien.

Y a quienes creen que es un tema menor, recordarles que por mucho que quieran ignorarlo, la paridad legal fue también una promesa de José Luis Rodríguez Zapatero. Y que, además, es una promesa antigua: el 8 de abril de 2003 los socialistas presentaron ante el Parlamento una proposición de ley de reforma de la Ley Electoral, exactamente en los mismos términos que explicó Fernández de la Vega el pasado lunes. La defensa de la iniciativa fue confiada a Micaela Navarro: "La voluntad de la representación política no puede depender más tiempo de la voluntad de cada partido político", aseguró. "Ese derecho a la igualdad debe ser una obligatoriedad desarrollada en la ley, como lo son todos los derechos de ciudadanía". Y los derechos de ciudadanía son, por lo que parece, el corazón del mensaje de Rodríguez Zapatero. Todos. solg@elpais.es