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El decreto que frena la reforma educativa anuncia una nueva ley orgánica

El borrador establece con un artículo único el retraso de dos años en la aplicación

El borrador de real decreto que frena la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) establece que el propósito del Gobierno es modificar esta reforma mediante un nuevo Proyecto de Ley Orgánica. El texto, enviado a las comunidades autónomas, modifica mediante un artículo único el real decreto de calendario de aplicación de la LOCE, aprobado por el Consejo de Ministros del anterior Gobierno del PP. También señala el compromiso del Gobierno de "no afectar al desenvolvimiento de la actividad académica iniciada conforme a la ley orgánica" y de "establecer un sistema educativo basado en el mayor acuerdo y consenso social y político y que, por tanto, ofrezca una mayor estabilidad".

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El ministerio ha iniciado el debate con las organizaciones

El anterior Gobierno del PP no incluyó el calendario de aplicación de la LOCE, aprobada el 23 de diciembre de 2002, en el texto de la ley orgánica, sino que lo dejó para un real decreto posterior de desarrollo, por lo que no fue debatida esta aplicación en el Parlamento. Con ello, el anterior Gobierno garantizó que se aplicaran ya el próximo curso medidas como la obligación de estudiar Hecho Religioso como alternativa única a la Religión Católica.

El borrador de real decreto elaborado ahora por el equipo de la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, para paralizar el calendario de aplicación de esta norma recuerda que el propio texto de la ley orgánica promovida por los populares "establece en su disposición adicional primera que el Gobierno, previa consulta de las comunidades autónomas, aprobará el calendario de aplicación de dicha ley y que éste tendrá un ámbito temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la LOCE.

Lo que hace ahora el nuevo equipo de Educación, según se aprecia en el borrador de real ecreto, es retrasar dos años respectivamente las aplicaciones previstas para los próximos dos cursos, respetando además los cinco años de margen que da el texto orgánico para aplicar la ley. La ley entró en vigor en enero de 2003.

Cinco precisiones

Para ello, elabora un único artículo denominado "Calendario de la nueva ordenación del sistema educativo". En él se hacen cinco "precisiones" mediante las cuales se varía la aplicación de la norma.

La primera de ellas hace referencia a las medidas que se han puesto ya en marcha en el presente curso: la obligación de repetir curso en la ESO con más de dos materias suspensas; la vuelta a las recuperaciones (o pruebas extraordinarias) de fin de curso (que algunas comunidades autónomas han fijado en junio -básicamente, las gobernadas por el PSOE- y otras en septiembre -las gobernadas por el PP), y el nuevo sistema de calificación que recupera el tradicional insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente en primaria y las notas numéricas en la secundaria. El texto dice: "Las medidas cuya aplicación haya comenzado durante el presente año académico 2003-2004 continuarán desarrollándose en los términos establecidos en el real decreto" anterior de calendario.

Este texto retrasa al curso 2006-2007 las medidas que estaba previsto iniciar el próximo curso 2004-2005, como la obligación de estudiar bien Religión Católica o bien Hecho Religioso; el cambio de los contenidos de todas las materias de 1º de primaria, 1º y 3º de ESO y 1º bachillerato, y la separación de los alumnos de 3º de ESO en itinerarios. Y a su vez pospone al curso 2007-2008 los cambios educativos que el real decreto aprobado por el Gobierno del PP había previsto para los años 2005-2006 y 2006-2007.

Una vez establecidos estos nuevos tiempos, el propósito de los socialistas no es aplicar estos cambios más tarde sino tener "un margen de dos años" para debatir.

La ministra de Educación realizó una intervención en el Congreso para explicar a petición de los populares el paro de la aplicación de esta ley. San Segundo resaltó que la mayoría de las comunidades autónomas tenían "problemas para desarrollar y aplicar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)" según el calendario establecido y recordó que esta ley fue aprobada "sin el suficiente consenso político y sin respaldo social", acusando al anterior Ejecutivo de no haber propiciado la participación en su elaboración de la comunidad educativa, lo que ha provocado "rechazo y divisiones" en este sector.

Este borrador del real decreto que será debatido el lunes en la Conferencia Sectorial de Educación y posteriormente en el Consejo Escolar del Estado y en el Consejo de Estado.

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, junto a Jesús Caldera.
La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, junto a Jesús Caldera.RICARDO GUTIÉRREZ

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