La comisión del 'caso Boulevard' censura a Alonso, pero desecha la vía judicial

La comisión que ha investigado la venta del centro comercial El Boulevard de Vitoria a los tres meses de inaugurarse concluyó ayer su trabajo con un dictamen que responsabiliza al alcalde, Alfonso Alonso, de la venta del complejo a una fondo de inversiones del grupo holandés ING, lo que ha evidenciado que los comerciantes locales nunca controlaron la propiedad. Integrar a los minoristas y que ellos gestionaran el centro fue la premisa por la que el Ayuntamiento adjudicó los terrenos a los promotores sin el preceptivo concurso público. La comisión no llevará el caso a los tribunales.

El dictamen reprueba políticamente al primer edil popular, pero no aprecia indicios de ilegalidad en su actuación. Dos meses y medio después de constituirse, la comisión de investigación vivió ayer su última y maratoniana jornada de trabajo. La votación de las enmiendas presentadas por los grupos al dictamen provisional, elaborado por la presidenta, la edil socialista Marian Gutiérrez, duró casi cinco horas. El pleno municipal dará el próximo lunes, en una reunión extraordinaria y monográfica, su visto bueno al dictamen.

Alonso es quien peor parado sale de la investigación, ya que el informe final concentra en él todas las responsabilidades políticas y le culpa expresamente de favorecer una "operación exclusivamente inmobiliaria" más que de defensa de los minoristas locales.

La comisión concluye que el primer edil no veló por el cumplimiento del convenio que posibilitó la construcción de El Boulevard sobre unos terrenos que en su origen fueron públicos, lo que a la larga ha permitido que el centro sea adquirido por una multinacional y que los promotores consigan unas plusvalías de 36 millones de euros, el doble de lo que invirtieron hace tres años, y de las que el consistorio no verá un euro.

El argumento de que había que apoyar al comercio local ante el desembarco que se avecinaba de las grandes cadenas fue fundamental para que todos los partidos municipales, excepto Batasuna, apoyaran en el año 2000 el convenio que dio paso a la construcción de El Boulevard dentro del casco urbano de Vitoria en el solar que ocupó la acería Sidenor. Según consta en el dictamen, Alonso diseñó la operación, eligió a los promotores y ha sido el principal avalista de la operación ante los ojos de la oposición.

Para poder adjudicar directamente los terrenos a los promotores del centro, que el Ayuntamiento previamente había adquirido a Sidenor en 1998 por 2.700 millones de las antiguas pesetas (16,23 millones de euros), se aprobó un nuevo acuerdo a tres bandas por el cual la empresa siderúrgica recuperaba la propiedad y posteriormente se la traspasaba a la promotora del centro comercial. Esta empresa está participada por Eroski (un 35,7% del capital), ING (34,3%) y 98 comerciantes locales que, agrupados en una sociedad denominada Inalcosa, suman el 30% restante de las acciones. Los promotores pagaron a Sidenor 4.214 millones de pesetas (25,33 millones de euros) por el suelo y al Ayuntamiento 2.886 millones (17,35 millones) en concepto de aprovechamiento urbanístico. Pero una vez que el Ayuntamiento dio su visto bueno al segundo convenio, el equipo de gobierno se desentendió de su seguimiento, reprocha el dictamen.

Alonso no estableció ningún mecanismo de control, como por ejemplo una comisión de seguimiento, ni tampoco fijó cláusulas de cautela para condicionar una posible venta futura del complejo. Esta falta de control es la que, según el dictamen, ha desembocado en que una decisión política que en su momento tomaron todos los partidos pensando en ayudar al comercio local haya terminado por convertirse en una "operación financiera e inmobiliaria". Tras cerrarse la venta a ING, los partidos conocieron que los comerciantes locales no tenían un peso decisivo ni en el futuro del centro ni en su gestión, y que incluso antes de que el Ayuntamiento rubricara el segundo convenio ya sabían que se vendería en un futuro cercano, dejándoles fuera del todo.

Una prueba de que casi todos han actuado como promotores es que sólo 18 de los 98 socios han abierto una tienda en el complejo. Al final, todo se ha quedado en "una operación inmobiliaria propiciada por la irresponsable actitud política de inhibición, dejadez y desidia protagonizada por el alcalde Alonso", concluye el dictamen.