El Gobierno valenciano confirma con Lliurex su apuesta por el 'software' libre

Entre el aspecto posthippie de Richard Stallman -fundador del GNU Project- y la pulcritud del consejero de Educación del PP en la Comunidad Valenciana, Esteban González Pons, hay una larga distancia; la misma que el software libre está recorriendo camino de su normalización.

Stallman llegó sin zapatos y se fue como santón del I Congreso de Software Libre de la Comunidad Valenciana. González Pons daba entremedio un espaldarazo a la introducción de este software en la Administración presentando Lliurex, un sistema operativo basado en Linux que se implantará el próximo curso en los cenetros educativos públicos de la comunidad.

La decisión es importante, sobre todo, porque acaba con una barrera de orden político que parecía existir. El valenciano se convierte en el primer territorio gobernado por la derecha que apuesta por el código abierto, tras su progresiva implantación en gobiernos de izquierdas, ya sean autonómicos (Extremadura y Andalucía) o estatales (Brasil).

¿Por qué da este paso la Generalitat Valenciana? González Pons responde con otra pregunta: "¿Por qué debe pagar la Administración por algo cuando puede tenerlo gratis?".

Por los tres días de ponencias, mesas redondas y talleres pasaron empresas -como IBM o el Corte Inglés-; gurús de la programación no propietaria; responsables tecnológicos de las comunidades autónomas; vicerrectores universitarios; y 1.000 profesores de primaria y secundaria, la mitad de los 2.000 asistentes acreditados. Cada uno llegó siguiendo su interés o su particular misión evangelizadora, pero con más ganas de hablar de sinergias que de antagonismos.

Casi todos los participantes, por ejemplo, formaron un frente común ante la normativa de patentes de software que estudia la Comisión Europea, y que según denuncian permitiría registrar no sólo programas sino también las ideas que contienen. Hubo quien puso como ejemplo el doble clic, que ha sido patentado por Microsoft. Rechazada con anterioridad por el Parlamento Europeo, temen que Irlanda, presidenta semestral de la Unión, presione para aprobar una norma que beneficiaría a las grandes corporaciones informáticas.

Nadie del Gobierno

Se echó en falta a algún representante del Gobierno central en el debate sobre Linux y Administración, que corrió a cargo de los responsables autonómicos. Extremadura, pionera en la materia, quiere extenderlo desde Educación al resto de consejerías antes de 2007. Andalucía y la Comunidad Valenciana desarrollan Guadalinex y Lliurex, respectivamente, en la educación y, como Baleares y La Rioja, estudian implantarlo en otras áreas.

Sus argumentos a favor de la implantación de Linux pueden resumirse en tres: ahorro, posibilidades de formación, y desarrollo del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

La Comunidad Valenciana prevé ahorrarse 4,7 millones por las licencias, principalmente de Microsoft, que ahora pagan los centros educativos. Antes de implantar Linex, Extremadura cifró en 18 millones de euros el coste en licencias de software para dotar a uno de cada dos alumnos de un ordenador. Sin el lastre del pago de licencias, su sistema educativo cuenta con 66.000 equipos, según Carlos Castro, director de Sociedad de la Información.

González Pons defendió el software libre como el instrumento de formación del futuro. Y añadió que la distribución de Linux hará que los estudiantes dejen de ser "sólo usuarios de una marca", generalizará la programación, y servirá para "romper con la brecha tecnológica". Su consejería negocia un sistema de alquiler de equipos con la empresa pública Red.es, para aumentar la deficitaria ratio de un ordenador por cada 12 alumnos valencianos, aunque no concretó cuándo ni cuántos llegarán.

Los dirigentes autonómicos vincularon la implantación de Linux con el desarrollo nacional y local de empresas del sector de las TIC. "Si quitas el negocio de las licencias", dijo Castro, "te quedan todos los demás". El gasto liberado puede destinarse a adquirir equipos. Inves, filial del Corte Inglés, se los ha suministrado a la Junta de Extremadura. El desarrollo del software no propietario fomentaría igualmente la creación de pymes dedicadas a crear aplicaciones específicas, y a fabricar y cuidar los ordenadores adaptados a Linux.