El fiscal pide entre 14 y 77 años a seis rumanos por prostituir a compatriotas

La Audiencia de Alicante sentó ayer en el banquillo de los acusados a seis supuestos proxenetas por retener en 2002 a cuatro mujeres rumanas y obligarlas a ejercer la prostitución en un local de alterne de L'Alfàs del Pi (Marina Baixa). Los tres principales acusados, también rumanos, declararon ayer que las muchachas llegaron a España a sabiendas de que ejercerían la prostitución. El fiscal pide penas que oscilan entre 14 y 77 años.

Según consta en el relato del ministerio público, las cuatro víctimas, entre ellas una menor, fueron captadas por la organización en su país natal con falsas promesas de trabajo. Cuando llegaron a Benidorm, las muchachas fueron extorsionadas para ejercer la prostitución. Las víctimas permanecieron retenidas de marzo a abril de 2002 en un club de alterne de L'Alfàs del Pi.

Durante la vista oral del caso, los tres principales acusados, un matrimonio y un primo de la mujer también de origen rumano, declararon ayer que las muchachas quisieron venir a España a sabiendas de que ejercerían la prostitución. El fiscal imputa a los tres enjuiciados varios delitos de agresión sexual, en concepto de autor o cómplices. Los acusados supuestamente violaron ocho veces a una de las víctimas, en dos de las ocasiones utilizando un vibrador, ante la negativa de una de las chicas a prostituirse. Además, ésta fue agredida brutalmente, según el fiscal.

Elena C., para quien el fiscal pide un total de 61 años, alegó que adelantó a las chicas 3.000 euros para sufragar el viaje a España porque eran "amigas". "Llevaban un año queriendo venir aquí para ejercer la prostitución. Así que les pagué el viaje", agregó. La encausada manifestó que las víctimas idearon esta trama para evitar saldar la deuda. Su marido Viorel M., corroboró la versión ofrecida por su compañera y negó que las chicas fueran extorsionadas. Dorel H., persona que trasladó a las víctimas desde Rumanía, declaró que vinieron con él a España porque "no tenían cómo llegar". El ministerio público pide para este acusado la mayor condena, con 77 años de cárcel. El dueño del club de alterne y el encargado señalaron que desconocían que las mujeres eran obligadas. El fiscal pide 6.000 euros para tres de las víctimas y 12.000 para la otra.