Estatutos

La promesa del presidente del Gobierno de asumir la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya que apruebe el Parlament, y el sorprendente aparcamiento del Plan Ibarretxe hasta primeros del 2005, abren ciertas expectativas para la reforma de los autogobiernos catalán y vasco, que, sin fecha ni garantía alguna se presentan como la cara opuesta del inmovilismo del PP tanto ante la necesidad de cerrar con imaginación y ordenadamente el diseño autonómico del estado cuanto de oponer algo solvente al órdago vasco. El compromiso del PSOE con el PSC y con ERC (todavía no escrito ni delimitado con precisión), no depende únicamente de los acuerdos a que lleguen estos partidos en la materia, y es bastante evidente que una propuesta de reforma que no complazca a CiU no tendrá ninguna posibilidad de prosperar en el Parlament (pues la iniciativa ha de ser aprobada por dos tercios de este, y ello no es posible sin CiU) y, por lo tanto, dejaría al PSOE con la buena conciencia de no ser el causante del fiasco.

Una reforma pactada por PSC-CiU-ERC, por el contrario, obligaría al PSOE a plantear el cumplimiento del compromiso en un ámbito donde con los votos propios y los de sus aliados podría hacer aprobar la correspondiente Ley Orgánica, mediante el concurso de la mayoría absoluta del Congreso, y, por lo tanto, sin necesidad de recurrir a los votos del PP.

Pero, a la vez, un PP que no aprovechara la proyectada reforma del Estatut de Catalunya para sumarse a ella al tiempo que a la mejora sustancial de las cartas de autogobierno de las CC AA donde gobierna y dispone de mayoría en los parlamentos, daría un gratuito balón de oxígeno y un plus de autonomismo a todas las oposiciones que tiene en aquellas (fundamentalmente el PSOE) que, sin duda, operaría en detrimento del mantenimiento de las mayorías autonómicas del PP en el inmediato futuro (2007).

Ello quiere decir, por tanto, que si las reformas de Estatutos se limitasen al de Cataluña, y a los de otras CC AA donde o bien el PSOE obtuvo apoyos de parlamentarios pertenecientes a partidos territoriales para la investidura, o bien gobierna en solitario, o en coalición con otros partidos, ni siquiera podría asegurarse la aprobación de la iniciativa sin el PP en los casos de Aragón (donde la iniciativa de reforma requiere los dos tercios de la Asamblea), Astúries y, quizás, en Andalucía (en estos dos casos, los tres quintos).

En los cálculos del PSOE, pues, y dejando fuera de esta lógica el caso de Euskadi, las reformas que puede comprometer sólo alcanzan a Catalunya, y, con toda seguridad, esa reforma puede que para que cumpla con las expectativas de CiU y ERC ha de exceder las del PP, y, en el caso de que el PSOE no pueda hurtarse a las demandas de reforma procedentes de su propia organización en buena parte de las CC AA, independientemente de quien gobierne en estos momentos, sin acuerdo con el PP no prosperará ninguna.

Así que, sin pacto entre PSOE y PP para todo lo demás, la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya podría convertirse en un motivo de agravio para muchas CC AA, y, a la vez, en acicate renovado para que las fuerzas nacionalistas del resto de Nacionalidades arañen votos contra la frustración. Con pacto con el PP, los socios clamarían de nuevo contra el café para todos. Y todo, por no plantearse un nuevo pacto de Estado para ir hacia un modelo más elaborado de Estado autonómico.