Al paro por la inserción laboral

Los municipios de la Sierra Norte sufren una situación extraña: tienen, en proporción, una de los tasas de paro más altas de la Comunidad pero, desde el pasado 31 de marzo, deben contratar por ley a desempleados de otros lugares de la región para llevar a cabo los proyectos y servicios sociales que se ofrecen en estos pueblos. La mayoría de estos servicios están, desde esa fecha, paralizados.

Aquel día, casi 700 empleados de los 42 ayuntamientos de la sierra fueron a la calle tras expirar los contratos de inserción por los que prestaban sus servicios: por ejemplo, en bibliotecas, como jardineros o como asistentes de la tercera edad. Su contrato, como todos los de este tipo, tenía una duración de nueve meses y ahora tendrán que esperar por lo menos tres años para poder volver a ser empleados por el mismo sistema de inserción laboral.

La ley así lo establece para este tipo de contratos, gestionados desde 2000 por el Servicio Regional de Empleo y regulados por ley a escala estatal. Según su denominación, están reservados "para la prestación de servicios de interés general y social en municipios de bajo presupuesto"

Pilar Blanco, vecina de El Berrueco, se acogió a este programa. Hasta el pasado 31 de marzo trabajaba de auxiliar administrativa en la Mancomunidad Embalse del Atazar. "Antes éramos 21 personas trabajando en varios proyectos. Ahora sólo queda un técnico de desarrollo local", cuenta. Una situación que se repite en la mayoría de los pueblos de la zona y cuyas consecuencias no pagan sólo los consistorios: Pilar compró hace pocos años una casa para estar cerca de su empleo, y después de unos meses trabajando allí ha vuelto al paro. "Aquí apenas hay trabajo", se lamenta, y teme que, si no se soluciona su situación, tendrá que volver a Madrid, donde su situación laboral tampoco es prometedora.

La escasez de empleos en la zona y las necesidades económicas de estos municipios hacen que, tanto para éstos como para los antiguos trabajadores, los proyectos sean de vital importancia, según los afectados: para los empleados en paro supondría no tener que abandonar sus pueblos para encontrar trabajo, y solucionaría a los municipios la difícil tarea de encontrar personal en otros lugares de la Comunidad dispuesto a trabajar nueve meses en una de las zonas más pobres de la región y por el salario mínimo: 460,50 euros. "No merece la pena", afirma Pilar, "sólo lo que te gastas en gasolina todos los días ida y vuelta no se compensa con lo que ganas".

Temor a la lejanía

Los ayuntamientos temen que su lejanía de la capital y la mala infraestructura del transporte público no alienten al número suficiente de interesados para que los proyectos puedan volver a ponerse en marcha. Así pues, tanto los antiguos trabajadores como la mayoría de los consistorios piden que se les vuelva a emplear en sus antiguos puestos.

Tarea difícil, ya que, como asegura Eugenio Martínez Falero, director general de Empleo de la Comunidad, los contratos de inserción "están regulados por ley, se contemplan así en el Estatuto de los Trabajadores y no se pueden modificar" desde la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, este tipo de contratos -de los que se firmaron más de 8.000 en toda la región en 2003- son la única manera de poner en práctica proyectos de carácter social para los municipios que no tienen el presupuesto necesario para contratar a personal por su cuenta.

En principio, el objetivo de este programa de inserción laboral es la rotación de los trabajadores, proporcionados a través del Inem, especialmente aquellos con mayores dificultades para encontrar empleo. Sin embargo, esta rotación tiene consecuencias aparentemente inesperadas. La mayoría de los 700 trabajadores de nuevo en el paro son vecinos de la zona. Desde 2000, prácticamente todos los desempleados de la Sierra Norte ya han trabajado con este tipo de contrato en algún proyecto cerca o en su lugar de residencia. Así pues, el nuevo personal tendría que venir desde otros lugares de la Comunidad. Situación que se complica, porque la norma exige que las plazas de empleados de los proyectos solicitados estén cubiertas al menos al 75% antes de poder empezar.

"Si presentamos un proyecto de jardinería para tres trabajadores y sólo se presentan dos, el proyecto no se pondría en marcha", explica José, técnico del Ayuntamiento de El Atazar. Este municipio tiene 92 habitantes y su población activa se compone de sólo veinte personas. De éstas, la mitad está en paro desde el 31 de marzo. La biblioteca está cerrada, así como la oficina de turismo rural y, por el momento, sólo queda un jardinero de los tres que había hasta hace un mes, cuenta.

Las empresas no invierten en el municipio y existe un grave riesgo de emigración de los jóvenes en busca de empleo. "Lo único que podemos ofrecer aquí es turismo rural", explica José, "pero al tratarse de un fenómeno estacional, sólo aporta rentas complementarias".

El problema de la paralización de los proyectos sociales no se limita al impacto que pueda tener sobre el empleo, ya que también echan en falta los servicios ahora suspendidos. "La gente se ha acostumbrado y ahora no podemos simplemente eliminarlos", afirma José. "De todos modos", añade, "los vecinos piensan que se trata de una situación provisional, por lo que, de momento, no se preocupan demasiado".

Para que eso siga así el Ministerio de Trabajo tendría que hacer una excepción con los 700 trabajadores que han vuelto al paro. "Pero no se va a hacer ninguna porque los ayuntamientos de la Sierra Norte se queden sin prestar algunos servicios", insiste el director general de Empleo, ya que el objetivo de este programa de empleo "no es el apoyo a la política municipal, sino a la inserción laboral".