Un policía que aprende

Que el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) haya sido tradicionalmente europeo tiene un origen curioso: poco antes de la conferencia inaugural, que, celebrada en marzo de 1946 en Savannah (Georgia), debía designar a quien inaugurara ese puesto, el FBI informó a Truman de las inclinaciones filosoviéticas de Harry White, el subsecretario del Tesoro americano, que había concebido, e impuesto al Reino Unido, los puntos de vista americanos sobre la nueva institución. Relegado White como candidato, Estados Unidos, consciente del enorme influjo político que tendría sobre una institución radicada en Washington -no en Nueva York, como Keynes quería-, se reservó la presidencia del Banco Mundial y cedió la del FMI a los europeos.

El Fondo subraya ahora los riesgos de privatizar antes de que exista el marco regulatorio

Rodrigo Rato, flamante director gerente, llega a un Fondo en el que son todavía visibles varios de sus rasgos congénitos. Junto con la influencia de Estados Unidos, el más destacado es acaso la modestia de sus recursos financieros: ante la oposición americana a que el FMI se financiara como un banco central -emitiendo pasivos que sirvieran como medio de pago- y su deseo de que la nueva institución fuera un mero "policía financiero" que se financiara mediante "cuotas", el balance del FMI es relativamente pequeño: su cartera de préstamos apenas rebasa los 100.000 millones de dólares, cifra similar a la de nuestra "Caixa". De ahí que durante las crisis financieras de los últimos años -en México, Corea, Brasil, Turquía o Argentina- el Fondo tuviera que formar un "sindicato" de países que complementara con sus préstamos los recursos del FMI. Esas grandes operaciones han concentrado los préstamos del Fondo en pocos y grandes deudores, lo que ha permitido a alguno -como Argentina- negociar su renovación siguiendo la máxima de Keynes: "Si debes a tu banquero una libra, estás a su merced; si le debes un millón es al revés".

El FMI ha mantenido desde sus orígenes la profesionalidad de sus funcionarios y, en general, el rigor de sus decisiones, especialmente cuando el Tesoro americano ha estado dirigido por profesionales de talla (como Robert Rubin o Larry Summers). Si se compara el rigor profesional de las decisiones del FMI y del Ecofin europeo cabría afirmar que en estas últimas pesan con más frecuencia criterios políticos poco edificantes (así, se procede contra Portugal por déficit excesivo, pero no contra Alemania o Francia).

La permanencia de esos rasgos congénitos no ha impedido, sin embargo, que el Fondo modificara sus doctrinas y que se defina hoy como "una institución que aprende" ("a learning institution"). Así, si en sus primeras épocas, por deseo estadounidense, el FMI defendió un sistema de tipos de cambio fijos que impidiera "devaluaciones competitivas", ese régimen, abandonado hace dos décadas, es ahora objeto de abierto repudio: salvo que un país se integre en una zona monetaria -como el euro-, el mantenimiento de tipos de cambio fijos se considera hoy muy peligroso. El FMI aceptó ya hace años que las vulnerabilidades económicas no sólo proceden de los déficit presupuestarios y del Estado, sino también de la debilidad de las instituciones financieras privadas (alguien dijo entonces que las siglas en inglés del Fondo, "IMF" ya no significaban "It is Mostly Fiscal", sino "It is Mostly Financial"). Frente a la vieja tendencia refleja a obligar a un país que sufre una crisis cambiaria a subir drásticamente sus tipos de interés y recortar su gasto público -como aconsejó a los países asiáticos en los albores de la crisis de 1997-98-, el Fondo subraya ahora el efecto estabilizador de ciertos programas sociales anticíclicos ("safety nets"). Su creciente interés por el punto de vista de los grandes inversionistas internacionales le llevó a crear recientemente un nuevo "Departamento del Mercado de Capitales". En materia presupuestaria, sin renegar de las ventajas de unas finanzas públicas saneadas, el Fondo ha admitido que peca acaso de excesivo rigor en América Latina cuando obliga a consolidar con el Estado a todas las empresas públicas, incluso las rentables de naturaleza comercial; y a pesar del severo juicio que merece a su Departamento Fiscal la flexibilidad interpretativa de Eurostat al calcular los déficit públicos, el Fondo ha aceptado debatir con los países latinoamericanos cómo evitar que la inversión pública sea siempre, en la práctica, la primera víctima de los programas de ajuste presupuestario. Tras abogar tiempo atrás por una liberalización plena de los movimientos de capital y la rápida privatización de las empresas públicas, el Fondo preconiza ahora una liberalización "ordenada y secuencial" y subraya los riesgos de privatizar precipitadamente antes de que exista el marco regulatorio adecuado. El Fondo ha creado sucesivos mecanismos de financiación subsidiada para los países más pobres -entre ellos, la reciente "Poverty Reduction and Growth Facility"- y adoptado posiciones beligerantes contra el proteccionismo agrícola y textil de los países industrializados. El Fondo, en fin, viene haciendo un encomiable esfuerzo a favor de la publicación de sus informes y decisiones.

En Savannah, lord Keynes tuvo que aceptar a regañadientes varias imposiciones americanas. Pero contra la no sujeción a impuestos de los (a su juicio, elevados) sueldos del personal del Fondo se desahogó emitiendo el único voto en contra de toda la conferencia. Hace tres años, cuando el Banco Mundial y el Fondo abrazaron los ambiciosos Objetivos de Desarrollo del Milenio en la lucha internacional contra la pobreza, yo mismo cuestioné desde el Banco el anacronismo de que ambas instituciones siguieran siendo para sus funcionarios auténticos "paraísos fiscales". Comprobé, sin embargo, que en aquel asunto que tanto irritó a Keynes, su capacidad de aprendizaje era limitada.

Manuel Conthe es socio-director del área internacional de Analistas Financieros Internacionales.