La desmilitarización del suelo gaditano

Cádiz es la provincia andaluza que soporta mayor servidumbre militar. Un total de 120 millones de metros cuadrados son propiedad del Ministerio de Defensa. Es además la tercera de España con más suelo ocupado por los tres ejércitos, tan sólo superada por Zaragoza, con 263 millones de metros cuadrados, y Albacete, con 145 millones. Los municipios de Barbate, Rota y San Fernando son los más afectados por esta presencia militar, donde están instalados el acuartelamiento de la Sierra del Retín, la base naval de utilización conjunta hispano-norteamericana, y numerosas dotaciones de la Armada, respectivamente.

Con estos datos, la Junta de Andalucía y el PSOE de Cádiz se pondrán esta legislatura al frente de las reivindicaciones de estas poblaciones, que han solicitado en reiteradas ocasiones compensaciones económicas que palíen la servidumbre militar y que el Gobierno desafecte los terrenos de Defensa que estén en desuso.

Las principales demandas al ministro José Bono se localizan en cuatro municipios

La economía de Rota descansa en parte en el abastecimiento de la base estadounidense

Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran que el compromiso del presidente Manuel Chaves es "firme" en este asunto. Antes de las elecciones, Chaves ya emplazó al Ministerio de Defensa a "revisar" la utilidad de las zonas militares que ocupa en la provincia de Cádiz. "Hay zonas que podrían desmilitarizarse y ponerse a disposición de las administraciones para darles una utilidad civil", dijo entonces Chaves, que concretó su petición en la localidad de Barbate, que tiene un tercio de su término municipal ocupado por el acuartelamiento de la Sierra del Retín y otro tercio por el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.

En esta misma dirección camina el PSOE gaditano. Los seis diputados nacionales y los nueve autonómicos en el Congreso y en el Parlamento andaluz, respectivamente, han creado un grupo de trabajo orientado a acabar con las servidumbres militares que padece la provincia. El secretario provincial del PSOE de Cádiz y presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, se muestra partidario de desafectar zonas militares en desuso o compensar económicamente a los municipios con mayor ocupación militar.

González Cabaña detalla que este grupo analizará la repercusión de las instalaciones militares en la economía provincial y en los planeamientos que están abordando los distintos ayuntamientos. Asimismo, elaborarán un estudio de la repercusión económica con la que deberían ser compensados los municipios en los que el Ministerio de Defensa tiene más dotaciones.

Las principales demandas al nuevo ministro de Defensa, José Bono, se localizan en los municipios de San Fernando, Barbate, Rota y El Puerto de Santa María con gran parte de sus términos afectados por instalaciones militares. La primera de las localidades tiene un 17 % de su suelo ocupado por equipamientos de Defensa.

Este porcentaje era mucho mayor antes de que el Gobierno central liberase hace un año casi un millón y medio de metros cuadrados de la playa de Camposoto, del Polvorín de Fadricas y de la Escuela de Tiro y Artillería Naval Janer, donde el consistorio isleño proyecta su expansión turística y residencial.

Las reclamaciones en Barbate no han surtido efecto hasta la fecha. Con un tercio del término municipal ocupado por el acuartelamiento de la Sierra del Retín -más de cuatro millones de metros-, el gobierno local reclama la desafectación parcial de estos terrenos para poder diversificar su deprimida economía tras la pérdida del caladero pesquero de Marruecos. En Rota y El Puerto de Santa María, las principales quejas giran en torno a la base naval de Rota, que copa gran parte de la franja litoral de ambos municipios.

La elevada presencia militar no sólo ha ocasionado perjuicios a estos municipios. La economía de Rota se sustenta en buena medida en la actividad de abastecimiento de la base, al tiempo que hay una población norteamericana, entre civiles y militares, que no baja de las 10.000 personas. Residen en Rota y también en algunas zonas de El Puerto de Santa María.

Frente a la economía de comercios y hostelería, ampliamente beneficiada por la instalación militar, las dos principales quejas las abanderan el Ayuntamiento roteño y la plantilla de 1.200 trabajadores civiles españoles. El consistorio se apoya en una sentencia judicial favorable para reclamar a las autoridades navales estadounidenses que paguen los impuestos locales, como el IBI, el IAE y licencias de obras, entre otros, por la ocupación de suelo municipal. Los empleados llevan más de tres años demandando una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron en 2000. Ninguna de las dos peticiones han sido satisfechas.

En San Fernando, con un 17% del suelo ocupado por Defensa, se reclama al mismo tiempo la liberación de más de un millón de metros de la playa de Camposoto para poder expandir la economía con proyectos turísticos y que no se traslade la Escuela de Infantería de Marina, con más de 120 años de historia en esta localidad.