Prensa y poder

Un informe aparentemente apócrifo sobre política de medios, atribuido por CiU al actual Gobierno tripartito de la Generalitat y rechazado por éste, ha levantado un agrio debate y una lógica preocupación. Sea cual sea su autoría -y Pasqual Maragall se ha comprometido a esclarecerla-, ejemplifica exactamente lo que no se debe hacer desde la Administración. Sugerir cambios en la línea o en la dirección de periódicos, condenar o bendecir líneas editoriales en función de afinidades ideológicas, o insinuar sin pudor el intercambio de subvenciones por apoyos editoriales es propio de comisarios políticos y de obsoletas ideologías intervencionistas.

La política de medios de los gobiernos de Pujol ha sido todo menos ejemplar. No ha habido transparencia ni objetividad en las subvenciones. Ahora se ha conocido la existencia de inyecciones directas en dinero público a la cuenta de explotación de empresas privadas. Estos hechos, sospechados durante años, no justifican que el Gobierno de izquierdas siga una línea similar o ni tan sólo que albergue propósitos del mismo calibre, como se deduce del informe ahora conocido. Pero la publicación de este informe de vocación controladora tampoco justifica que se extienda una capa de olvido sobre las prácticas usuales durante los últimos 23 años.

La polémica y el escándalo son una buena ocasión para que el Parlamento catalán investigue a fondo ambas cuestiones: los propósitos intervencionistas del pequeño Maquiavelo provinciano que ha crecido a la vera de Maragall y las prácticas de compra de adhesiones y de control de medios públicos y privados por parte de Pujol. Las subvenciones a los medios -que pueden tener justificación en casos concretos como son los de promoción de la lengua catalana- deben concederse de manera transparente y pública, con criterios reglados y procedimientos de control. Cualquier discrecionalidad en esta materia será motivo de sospecha. Y esta regla vale para todas las administraciones públicas, no sólo para la catalana.