Zenarruzabeitia acusa a ELA de carecer de "voluntad" de llegar a acuerdos

Apenas 24 horas después de que el lehendakari Ibarretxe reprochase de forma genérica a los sindicatos su escasa disposición al diálogo, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, cargó ayer contra el sindicato mayoritario ELA al acusarle de no tener "voluntad de llegar a acuerdos". Lo hizo precisamente durante el acto de la firma del acuerdo salarial para 2003 y 2004 en la Administración autonómica, suscrito con los sindicatos CC OO y UGT, que no son mayoritarios en el sector público vasco. Zenarruzabeitia invitó a la mayoría sindical (ELA y LAB) a que refuerce su compromiso con el diálogo y con la estrategia del acuerdo, tras calificar como un "hecho contrastado" que durante el tiempo que ha estado al frente de la Administración vasca ha firmado "acuerdos con todos los sindicatos menos con ELA".

La reprobación de la vicelehendakari viene precedida por las quejas de los empresarios -que ya habían solicitado al Gobierno un gesto de censura a la radicalidad de ELA en la negociación colectiva- y al malestar del propio Ejecutivo ante las críticas continuas del sindicato de José Elorrieta. Su enfado aumentó varios grados con las andanadas que ELA dirigió al Gobierno de Ibarretxe el pasado sábado, en la celebración del 1 de Mayo en Bilbao.

El conflicto ha ido subiendo de tono desde que ELA declaró la guerra a los convenios de eficacia limitada tras no participar en el de la Administración. Entonces criticó la actitud "ultraliberal" del Gobierno, el "talante impositivo de la vicelehendakari", y amenazó con utilizar la misma estrategia que en el sector privado, trasladando la conflictividad a Osakidetza, Educación o la Ertzaintza.

El acuerdo ratificado ayer fue alcanzado el 31 de diciembre pasado y supone un incremento salarial para los 65.000 empleados públicos de un 3,2% en 2003 y del 3% para 2004. Parte central del acuerdo es la creación de un fondo de pensiones (EPSV) propio, al que el Gobierno aporta un

0,5% adicional de la masa salarial (12 millones de euros).Las declaraciones de la vicelehendakari fueron contestadas pocas horas después por ELA, que en una nota pública acusó a Zenarruzabeitia de mentir cuando afirma que no ha firmado un acuerdo con este sindicato desde que ella es responsable de la función pública en el Gobierno. La central nacionalista recuerda a la vicelehendakari que en el año 2000 firmó el acuerdo por el empleo y la aplicación de las 35 horas a los funcionarios de la Administración vasca, y en 2001 el acuerdo retributivo para los funcionarios, además de otros convenios colectivos sectoriales, como los de enseñanza o servicios centrales. En opinión del sindicato mayoritario, el diálogo que ofrece el Gobierno significa que, "o aceptas mi trágala o estas equivocado", y añade ELA que con esa premisa y actitud "quien se deslegitima es la propia Administración".

En las negociaciones habidas en Mesa de la Administración que concluyó el pasado diciembre con la firma en minoría del acuerdo salarial y del plan de pensiones, ELA se desmarcó con unas reivindicaciones que el resto de los participantes calificaron de "poco realistas y más políticas que sindicales".

La vicelehendakari, cuando se refirió ayer al acuerdo salarial, hizo especial referencia a la creación del fondo de pensiones, que se gestionará de forma paritaria entre el Gobierno y los sindicatos, y a la que aquél aportará 12 millones de euros este año (medio punto de la masa salarial). ELA y LAB querían que el fondo de pensiones del Gobierno vasco se integrara en Elkarkidetza, la EPSV que ya funciona para los funcionarios de las administraciones foral y municipal. La entrada de los 65.000 trabajadores dependientes del Gobierno y sus sociedades y organismos autónomos hubiera multiplicado por tres el tamaño de Elkarkidetza, que a 31 de diciembre tenía 22.500 socios. Sin embargo, CCOO y UGT mantienen discrepancia con la gestión que ELA y LAB realizan en la EPSV y plantearon un fondo de pensiones separado.

Zenarruzabeitia argumentó que no tiene por qué haber tensiones por el hecho de que los 65.000 empleados de la Administración vasca no se hayan incorporado a Elkarkidetza: "Son dos ámbitos distintos", explicó, para poco después aventurar que en un futuro próximo sería incluso posible la colaboración entre ambas entidades. "Lo importante es ver cómo se puede trabajar en una prestación social complementaria para los empleados públicos", dijo Zenarruzabeitia.

Luis María Martínez, secretario de la federación de servicios públicos de UGT-Euskadi, uno de los firmantes del acuerdo retributivo, valoró el logro de la "reivindicación permanente de creación de una EPSV. Eduardo García, coordinador del área de función pública de CCOO-Euskadi, se congratuló del acuerdo, pero a renglón seguido criticó al lehendakari Ibarretxe por sus reproches genéricos a los sindicatos, "sin nombres ni apellidos".

"Mesa y mantel"

ELA y LAB también criticaron las declaraciones de Ibarretxe, acusándole de estar con la patronal de forma incondicional. En un comunicado conjunto, las dos centrales nacionalistas reprocharon al lehendakari por pintar una situación empresarial idílica y, a la vez, por cerrar los ojos ante la precariedad y la discriminación.

Los sindicatos nacionalistas censuran que no es la primera vez que el lehendakari aprovecha su presencia en la sede de la patronal para atacar al sindicalismo abertzale, en particular su estrategia de negociación colectiva y expresar lo que consideran un respaldo total a la patronal y a su política laboral.

"El lehendakari cierra los ojos ante la realidad de quienes están en situación de precariedad, de discriminación, de explotación, y a la responsabilidad de los empresarios con los que comparte mesa y mantel, a los que halaga y jalea en que se den esas situaciones de explotación", señala el comunicado.

Las centrales aconsejan a Ibarretxe atender a los datos del Instituto Vasco de Estadística-Eustat referentes a la evolución de beneficios y costes laborales, así como a los relativos al aumento de la temporalidad. Por eso, le exigen que se centre "en las más de treinta mil personas que trabajan sin contrato, en los problemas de las personas jóvenes para tener un trabajo estable y una vivienda que les permita hacer una vida autónoma". "Así se daría cuenta de cuál es la situación real de buena parte de la sociedad", concluyen.