El Gobierno catalán suspenderá las suscripciones a los periódicos
Tormenta política por un informe sobre medios de comunicación
El conseller en cap, Josep Bargalló, ha anunciado la suspensión de las miles de suscripciones en bloque a periódicos heredadas de los Gobiernos de CiU. Uno de los grandes rotativos locales acumula más de 16.000, pagadas por la Generalitat, según fuentes del Ejecutivo. Todos los diarios con presencia en Barcelona, salvo EL PAÍS, tenían suscripciones, pero ninguno en cuantías comparables al caso citado. Un informe que analiza los medios de comunicación desató ayer una tormenta política en el Parlamento catalán.
El conseller en cap, Josep Bargalló, anunció ayer la suspensión de las miles de suscripciones en bloque que los Gobiernos de CiU mantenían a periódicos en Cataluña, que en el caso de un periódico local ascendían a 16.000, pagadas por el presupuesto de la Generalitat. Bargalló se negó ayer a dar cifras de estas suscripciones así como a citar a qué medios de comunicación se refería. "Primero se lo notificaré al Parlament", subrayó. Medios de Presidencia aseguran que esta carta de cancelación a los rotativos catalanes fue remitida hace unos días por Bargalló.
Pero la tormenta política la desató ayer en los pasillos del Parlamento catalán un informe -sin membrete y sin firmas- en el que se analiza la situación de los medios de comunicación en Cataluña y su orientación ideológica.
El portavoz convergente, Felip Puig, lo hizo público y atribuyó su paternidad al tripartito. El Ejecutivo negó que el texto fuera obra suya. El informe, criticó Puig, pone de relieve "la visión excesivamente sectaria" y la "voluntad claramente intervencionista" sobre los medios de comunicación privados.
La tormenta política tiene como epicentro la Secretaría de Comunicación, desde donde surgió ayer un categórico desmentido sobre la autoría del polémico informe. Desde esta instancia se aseguró que se trata de un documento interno de uno de los partidos del Gobierno catalán, Esquerra.
El revuelo político forzó anoche una reunión entre el presidente Maragall, el conseller en cap y el secretario general de Comunicación, Miquel Sellarès. A última hora se descartó la posibilidad de alguna dimisión, aunque no dejaba de apuntarse como probable, en un futuro no lejano, la de Miquel Sellarès.
El polémico informe incluye alusiones genéricas respecto a ayudas proporcionadas por los Gobiernos de CiU a algún periódico (especialmente La Vanguardia, el "más subvencionado"), evaluaciones sobre líneas editoriales en relación con el Gobierno de Cataluña y elementos anecdóticos o muy personales.
El informe asegura que "hay que favorecer una transición económica hacia la normalización del Avui y una transición democrática en las estructuras directivas de la redacción de La Vanguardia", asunto que fue muy criticado por CiU.
Del centenario rotativo se subraya su actitud favorable a los Gobiernos del PP y de CiU y un carácter "hostil" al Ejecutivo encabezado por Maragall. En referencia al Avui asegura: "En la medida en que la Administración perdonara sus deudas podría haber algún grupo empresarial que se hiciera cargo de él; si no, será difícil evitar la quiebra".
Respecto a El Periódico, se afirma que se está recuperando de "tres grandes crisis" y se le atribuye una orientación prosocialista, así como una queja en el trato que recibe de la Administración autonómica en relación con La Vanguardia.
De EL PAÍS se dice que muestra una actitud favorable al nuevo Gobierno catalán y se le imputa: "Están trabajando -para publicar o para presionar- en un artículo sobre las subvenciones del Gobierno de CiU a medios de comunicación, demostrando especialmente el favoritismo hacia su competidor directo, el Grupo Godó".
Bargalló anunció una investigación sobre el origen del informe.
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