El Gobierno rechaza más del 70% de las solicitudes de víctimas del franquismo

El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, reveló ayer que más del 70% de los solicitantes de una indemnización como represaliados del franquismo han visto rechazada su petición por no cumplir los requisitos exigidos. El Gobierno acordó ayer elevar hasta 21 millones de euros la partida para indemnizar a esas personas.

La dotación, fijada inicialmente en 3,6 millones y después aumentada a 18, dará de sí para que todas las personas que han acreditado su derecho a las ayudas las cobren en su integridad a lo largo de este mes, según aseguró Madrazo al término de la reunión del Consejo de Gobierno.

Las cifras proporcionadas por el consejero señalan que de las 8.680 solicitudes formuladas, sólo 2.529 (el 29,1%) han sido aceptadas y tendrán derecho a cobrar. Las rechazadas recibirán también la notificación correspondiente y la información sobre su derecho a recurrir en un plazo de 30 días.

Madrazo detalló los motivos del rechazo de esos 6.151 expedientes, por no cumplir alguno de los requisitos exigidos en el decreto que estableció las ayudas. Según los datos que proporcionó, 2.872 personas no han podido acreditar privación de libertad por más de seis meses en un campo de concentración, batallón de trabajo o prisión. Otros 1.038 solicitantes sólo justificaron haber cumplido el servicio militar y 985 más no aportaron la documentación exigida y no justificaron su privación de libertad. El resto ha visto denegada su petición por carecer de documentos preceptivos, no cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Amnistia de 1978 o haber presentado su solicitud fuera del plazo que se estableció para ello.

El análisis de los expedientes terminará esta semana, pero las variaciones no serán relevantes.

El consejero de Asuntos Sociales, quien se ha visto emplazado, fundamentalmente por el PSE, por el retraso de diez meses acumulado en el pago de estas ayudas, un compromiso del propio Madrazo, responsabilizó de esa tardanza al Gobierno central, al que acusó de "desinterés" y falta de medios materiales y humanos para proporcionar los documentos precisos, que se hallan en sus archivos. Su falta de colaboración, acusó Madrazo, obligó al Ejecutivo vasco a enviar personal propio al archivo militar de Guadalajara en busca de los datos acreditativos de las situaciones alegadas por los solicitantes.

El consejero, quien ahora deberá hacer frente al previsible descontento por el alto número de denegaciones, dijo ser consciente de que "no hay compensación económica capaz de reparar tanto sufrimiento" como el padecido por esa generación, pero destacó que la cuantía de las ayudas que recibirán los represaliados en Euskadi será la mayor de toda España. El Gobierno vasco ha establecido 7.200 euros por seis o más meses de cárcel y 600 euros por cada medio año adicional, con un tope de 9.600 euros.

[El Consejo de Gobierno dejó sobre la mesa sin aprobar el plan de renovación urbana de Sestao por la falta de uno de los informes preceptivos, según afirmó el consejero que sometía el asunto a la consideración del Gabinete, Javier Madrazo. Sí dio luz verde a la creación de la policía local en Laguardia, pese a que esta localidad alavesa no llega a los 5.000 habitantes preceptivos].