La Confederación del Tajo retrasará al menos cuatro meses las obras de la M-30 junto al río

La Confederación Hidrográfica del Tajo, que debe dar el permiso definitivo para iniciar las obras de reforma de la M-30 en el tramo del río, no se pronunciará sobre esa autorización hasta, como pronto, el próximo septiembre. Eso retrasará varios meses los plazos previstos por el gobierno municipal, que había asegurado que todos los planes de obra estarían adjudicados y en marcha antes del verano. El presidente de la Confederación, José María Macías, opinó ayer que el proyecto de reforma de la M-30 "debería haberse sometido a evaluación de impacto ambiental".

La Comunidad anunció el pasado viernes, después de tres meses de suspense, su decisión de eximir a la obra de la M-30 de la obligación de elaborar esa declaración de impacto ambiental. Pero en uno de los tramos afectados por el proyecto -el soterramiento de seis kilómetros de vía bajo las riberas del Manzanares- quien tiene la última palabra no es el Gobierno regional, sino la Confederación Hidrográfica del Tajo, órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Es la Confederación quien debe dar autorización para acometer cualquier obra en zona de policía de aguas, es decir, de dominio de las autoridades hidrográficas.

En declaraciones a la agencia Efe, José María Macías dio a entender que lo más probable es que se conceda esa autorización -"nuestro interés y el de todas las instituciones es intentar que el río sea un elemento más de la vida ciudadana", afirmó-, pero subrayó que tampoco va a renunciar a desarrollar en toda su amplitud el procedimiento previo a conceder el permiso, que será "absolutamente vinculante". Más tarde, en declaraciones a la cadena SER, opinó que la decisión de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de eximir a esta obra de declaración de impacto ha sido "precipitada".

La Confederación está a la espera de recibir el informe del Consejo de Estado y los "condicionantes medioambientales" que ha impuesto la Comunidad a la obra más ambiciosa del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón; cuando los tenga iniciará su propio procedimiento: analizará el proyecto técnico, abrirá un periodo de información pública de al menos 20 días para recoger las alegaciones de los ciudadanos y presentará las suyas propias. Las remitirá todas al Ayuntamiento y a partir de ahí, en función de la respuesta del gobierno municipal, "se tomará la decisión pertinente".

Un asunto "trascendental"

Macías calculó que todo este proceso durará "un mínimo de cuatro meses y un máximo dependiente de la participación ciudadana", y a continuación animó a los ciudadanos a que presenten alegaciones por tratarse de un asunto "trascendente" y para lograr que "el río sea suyo y se pueda recuperar". Este retraso, según el presidente del organismo estatal, no tendría por qué interferir en el resto de las obras previstas.

La concejalía de Urbanismo lleva semanas asegurando que los 15 proyectos de reforma de la M-30 serán licitados a finales del presente mes y adjudicados antes del verano, y que las obras empezarán en septiembre u octubre. Pero, en lo que respecta al tramo del río, va a ser imposible cumplir esos plazos, teniendo en cuenta que la autorización de la Confederación del Tajo va a retrasarlo todo al menos cuatro meses.

Respecto al dictamen del Consejo de Estado -que concluye que el cambio de titularidad de la M-30 la convierte en una "vía urbana" y, por tanto, sin necesidad de declaración de impacto ambiental-, Macías consideró que es "una pena que no se haya aprovechado el momento para hacer el informe de impacto ambiental, pues supone una mejora de los proyectos y, sobre todo, que participen los ciudadanos", algo que, a su juicio, "distingue unas políticas de otras". "Si hubiera dependido de nosotros, hubiéramos hecho este requerimiento", dijo.

El procedimiento que va a abrir, por su parte, la Confederación será -"en base a las instrucciones que tengo de mis superiores políticos", puntualiza Macías- "absolutamente riguroso y no discrecional, escrupuloso en el respeto a las competencias de cada institución y en defensa del interés público".

La autorización del organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente "se dará en función de los condicionantes que imponga el río y lo que opinen los ciudadanos durante el periodo de información pública", y será "absolutamente vinculante", señaló Macías. Si la Confederación decidiera finalmente no dar ese permiso, las obras "no se podrían hacer". "Espero que eso no se produzca", agregó el presidente.

El estado del Manzanares

En cuanto a la situación en la que se encuentra el río Manzanares y los informes contradictorios encargados en las últimas semanas por las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente, José María Macías aseguró que, lejos de la "catástrofe ambiental" que denunciaba el primero de ellos, en estos momentos el río "cumple la normativa que exige el Plan Hidrológico del Tajo", aunque necesita de aliviaderos de tormenta y nuevos colectores que impidan que la suciedad llegue al río, algo que "contempla el proyecto de reforma de la M-30" del alcalde.

Macías avanzó que la UE está en fase de declarar casi todo el ámbito de influencia del Tajo "zona sensible", lo que dará un plazo de siete años para adaptar todas las depuradoras y las actuaciones que se hagan en el río a unos estándares de calidad más exigentes. Por eso, "la Confederación va a endurecer la normativa con un plan de calidad para toda la cuenca del Tajo de manera que gradualmente se vayan cumpliendo los condicionantes".