Una jornada en Almería sobre prostitución anima a aplicar la ley de Suecia

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer en situación de riesgo (Apram) celebró ayer en Almería unas jornadas sobre prostitución, con la ley sueca como marco comparativo. Desde hace mucho tiempo aquel país dio prioridad a la lucha contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y la compra de servicios sexuales está castigada con multas y hasta seis meses de cárcel. Las jornadas celebradas por Apram pusieron de manifiesto la necesidad de hablar "más y con mayor frecuencia" de la situación de mujeres traficadas en España para penalizar también la compra de sexo.

La abogada y asesora especial del gobierno sueco sobre estos temas, Gunilla Ekberg, advirtió de que la ley de su país precisó de un debate público en todos los niveles: "Quién está detrás de esto, quién lo paga y cuántos hombres hacen uso de esto". Ekberg detalló que el perfil de los hombres que compran sexo es de edad madura (unos 40 años), casado o que viven con una mujer y tienen hijos. Durante aquel debate previo a la aprobación de la ley en Suecia las estadísticas confirmaron que el 11,8% de los suecos había comprado servicios sexuales alguna vez. En países como Italia el porcentaje subía hasta el 40%. "El 11,8% significa un hombre de cada ocho. Eso quiere decir que no son hombres incapacitados para obtener relaciones sexuales", explicó Ekberg.

Multas por ingresos

Fue en 1987 cuando la Organización Nacional de Mujeres Maltratadas solicitó en aquel país una ley que criminalizara a quienes compraran servicios sexuales. Hubo propuestas para que la criminalización se extendiera también a las mujeres prostitutas, aunque finalmente se descartó. En la actualidad, los hombres denunciados pagan en función al porcentaje de sus ingresos. "Si un hombre es pobre paga poco, si es rico paga mucho. Y los niños y mujeres que están dentro reciben ayuda para que puedan salir de la prostitución. No basta con duchas, bocadillos y condones", explicó la abogada.

La invitación de la especialista sueca coincide con la postura abolicionista y en contra de la regulación defendida por Apram en una provincia en la que el 98% de las mujeres que ejercen la prostitución son inmigrantes. "Están en una situación de exclusión social o marginación al no tener documentos. Algunas lo hacen por necesidad y otras a la fuerza porque han sido traficadas. Pero en cualquier caso son mujeres inmigrantes", expuso Mercedes Díaz, presidenta de Apram.

La asesora del gobierno sueco confirmó que Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y México ya están pensando en "emular" la legislación de su país sobre prostitución. La presidenta de Apram, Mercedes Díaz, relativizó su aplicación en España. "Nos parece que a largo plazo en España va a costar mucho trabajo llegar adonde han llegado ellos . Creo que no es utópico, es posible y tenemos que empezar porque lo lejos o lo cerca que esté penalizar la compra de sexo aquí depende de si concienciamos rápidamente o de vez en cuando".