Hacia la suficiencia financiera municipal

El presente mes de abril se cumplieron 25 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos tras el franquismo. En ese particular proceso que fue la transición política se dio la paradoja de que los municipios, la instancia administrativa más cercana a los ciudadanos, fueron los últimos en experimentar el esperado relevo democrático, cuando las Cortes Generales ya se habían sometido dos veces al veredicto de las urnas y la Generalitat de Cataluña ya había sido reinstaurada provisionalmente.

La vigente Constitución española, que por aquel entonces acababa de ser aprobada por referéndum, proclama el carácter compuesto del Estado, reconociendo por igual la autonomía de las nacionalidades y regiones, y de los gobiernos locales. Los artículos 137 y 140 garantizan la autonomía municipal, y el artículo 142 establece que las haciendas locales deberán disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a los ayuntamientos, que deberán provenir de los propios tributos locales y de la participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.

Los ayuntamientos impulsan gran cantidad de políticas en materias que no son de su competencia

A pesar de este desiderátum constitucional, es público y notorio que la suficiencia financiera municipal ha continuado severamente limitada, en márgenes mucho más estrictos que los de las comunidades autónomas. Esta situación contraviene las directrices de la Carta Europea de Autonomía Local y el principio de subsidiariedad consagrado por el Tratado de Maastricht de 1991, que debería comportar un mayor nivel de competencias en políticas públicas para los ayuntamientos, junto a una mayor capacidad de decisión en el gasto público y la financiación necesaria para el desarrollo de las políticas realmente asumidas desde el nivel de gobierno local.

Existe una gran cantidad de políticas impulsadas por los ayuntamientos en materias que no son de su estricta competencia, pero que son especialmente reclamadas por la ciudadanía, en el ámbito de la seguridad ciudadana, la protección social, la promoción del empleo, la sanidad pública, la educación preescolar, la promoción de vivienda pública, etcétera. La doctora Maite Vilalta, del Instituto de Economía de Barcelona-Universidad de Barcelona, ha calculado que en el ejercicio de 2000 los ayuntamientos catalanes destinaron el 32,2% de su gasto total liquidado a financiar estas políticas que van más allá de sus competencias.

En este contexto, es evidente que los ingresos públicos y las bases fiscales que los sustentan deben adecuarse al nivel de competencias asignadas a cada nivel de gobierno, en el marco de un pacto de Estado que defina con claridad los principios de este reparto competencial. Y dicho pacto también debería hacerse extensivo a la capacidad de endeudamiento para financiar los gastos en inversión pública, que asimismo debería adecuarse a la capacidad de gasto de cada nivel de gobierno. Ahora es el momento de corregir el dogmatismo en los criterios de aplicación de la estabilidad presupuestaria impuestos durante la última mayoría absoluta.

Estos últimos años, desde el municipalismo hemos venido planteando alternativas a la insostenibilidad de las haciendas locales, que puedan contemplar la diversidad de necesidades existentes. Defendemos que el sistema de financiación local debe garantizar la igualdad de ingresos per cápita, considerados los municipios en áreas territoriales superiores homogeneizables, y corrigiendo dicho criterio por costes diferenciales, nivel efectivo de necesidades y factores demográficos.

El programa de gobierno del actual Ejecutivo de la Generalitat de Catalunya recoge buena parte de este espíritu, al vincular el traspaso formal de nuevas competencias a los ayuntamientos -entre ellas, las antes citadas- a su necesaria financiación para ejercerlas adecuadamente. Y también cuando se compromete expresamente a aumentar el Fondo de Cooperación Local de Cataluña para mejorar la financiación municipal.

Cabe esperar que los aires que conducen a la configuración del nuevo Ejecutivo español soplen en la misma dirección. Si la estructuración del Estado aparece como un tema fundamental de la nueva agenda política, no podemos obviar la necesaria redefinición del papel de los gobiernos locales en el actual sistema competencial de la organización territorial. Sin duda, el avance hacia la garantía efectiva de la suficiencia financiera de los ayuntamientos sería la mejor contribución a la celebración de estos primeros 25 años de democracia municipal.

Lluís Miquel Pérez i Segura es alcalde de Reus y vicepresidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).