España llega tarde

La ampliación de la UE es una oportunidad histórica para consolidar la paz, la estabilidad y la democracia en el continente europeo, lo que traerá consigo nuevas perspectivas de crecimiento económico". La frase, que da inicio al último informe interno sobre el tema elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de José María Aznar, resume el optimismo oficial con el que el Gobierno español ha venido afrontando la ampliación desde que el Consejo Europeo de Luxemburgo abrió, en diciembre de 1997, la negociación del mayor reto de su historia. Y no es previsible que esa visión simplemente positiva vaya a cambiar con Rodríguez Zapatero.

La actitud oficial tiene un reflejo perfecto en la calle: un 62% de los españoles, constata el Eurobarómetro, es partidario de recibir a los 10 nuevos socios que ayer hicieron su entrada en Europa, y a los tres más que hacen cola: Bulgaria, Rumania y Turquía. El mismo indicador apenas sube del 30% en Francia. Y si se buscan los contrarios, sólo el 15% de los españoles se opone a la ampliación, la cifra más baja de Europa.

"Para España, la ampliación nunca ha sido una ambición, salvo en la dimensión más política de reunificar Europa", afirma Charles Powell

Un 62% de los españoles es partidario de la ampliación y sólo un 37,9% de los empresarios piensa que va a afectarles. ¿Hay motivo para tanta euforia?

Al parecer, no se trata sólo de una opinión mal informada, porque su perfil se mantiene en el grupo social más afectado por la ampliación, el de los empresarios. De acuerdo con una encuesta realizada el pasado febrero por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, sobre una muestra de 3.509 individuos, únicamente el 37,9% de los empresarios españoles preveía que la llegada de los países del Este tendría "algún efecto" sobre sus negocios, y los que señalaban eran positivos: mayor oferta de mano de obra, mayor demanda de sus productos, incluso más capacidad para atraer inversiones -pese a que la deslocalización industrial y su relación con la ampliación son ya una evidencia-, menores costes de producción... La cosa cambia relativamente en la industria: casi uno de cada dos encuestados (49,5%) en ese sector pensaba que la ampliación iba a afectarle.

Los nuevos desafíos

¿Hay motivo para tanta euforia? Nadie ha ocultado nunca los desafíos que el paso de una Europa de 15 a una de 25 plantea a cada socio, tanto en el terreno económico como en el institucional, porque la presencia de cada Estado en el conjunto de la Unión, lógicamente, se difumina.

España es uno de los que menos relaciones tienen con el Este, y que, en consecuencia, menos lazos han desarrollado con los nuevos socios, lo que le hará más difícil aprovechar las ventajas de la ampliación del mercado. A esto se añade una tercera preocupación específica: la de tener que competir con los recién llegados, todos ellos de renta más baja, por las ayudas que, en aras de la cohesión social y el desarrollo regional, ha venido recibiendo desde su adhesión. España ha sido el principal receptor de esos fondos hasta ahora. Y esto, en un contexto financiero deteriorado que la Comisión pretende abordar.

"Hay que dar la vuelta al concepto. España no pierde, gana, porque al salir de la política de cohesión quiere decir que ha ganado masa crítica y que ha superado el nivel mínimo para entrar en el desarrollo y funcionar por sí misma sin que le ayuden", replica Ramón de Miguel, el diplomático que, como secretario de Estado para Europa, ha dirigido este tema con los Gobiernos del PP.

"Para España, la ampliación nunca ha sido una ambición, salvo en la dimensión más política de reunificar Europa. No obstante, por su propia transición y por el éxito de su proceso de modernización, representa el precedente más atractivo para los países de la ampliación, y, en esa medida, podría desempeñar un papel", puntualiza Charles Powell, analista de la UE en el Real Instituto Elcano. "En ese sentido, es importante cómo quede la Constitución [en cuanto al reparto de poder], es importante que los nuevos socios perciban que España queda en una situación cómoda, para que no pierda centralidad", añade.

"Todo el mundo pierde peso institucional [con la ampliación], pero España no tiene el problema francés de la nostalgia de una Europa a doce. Hay que buscar otros parámetros, otras alianzas, y jugar en el nuevo terreno. Nos hubiera venido mejor tener un poco más de tiempo para subir en convergencia real [con respecto a la renta media europea], pero las cosas [la ampliación] se hacen cuando se hacen, no cuando uno quiere", opina De Miguel.

Así quedan las cosas más allá de cualquier polémica.

El reparto de poder. Es lo más incierto, pues sigue pendiente de negociación. Es un hecho que Aznar recuperó en Niza, en diciembre de 2000, el poder que se perdió con ocasión de la cuarta ampliación (1995: Austria, Suecia y Finlandia) y que Felipe González había reclamado hasta lograr, un año antes, el llamado Compromiso de Ioannina, es decir, un régimen provisional y la promesa de que la situación sería revisada. La revisión de Niza se hizo, sin embargo, a costa de ceder 14 escaños en un Parlamento Europeo llamado a tener cada vez más peso en las decisiones comunitarias.

Tras el cerrojazo de Aznar al nuevo sistema de doble mayoría salido de la Convención, que recorta la capacidad de bloqueo de decisiones adoptadas por mayoría cualificada que España obtuvo hace cuatro años, y los choques subsiguientes con Francia y Alemania, que condujeron al retraso de la aprobación de la Constitución europea, el Gobierno del PSOE intenta un arreglo y hay buenas perspectivas de que lo logre mediante una fórmula a la que ni el PP podrá poner pegas. Pero hay que esperar al 18 de junio, como mínimo.

Los fondos regionales. Sólo dos regiones, Castilla-La Mancha y Murcia, además de Ceuta y Melilla, dejarán de percibir ayudas, al superar sus rentas el umbral del 75% de la nueva media europea, más baja tras la incorporación de países menos desarrollados. Es lo que se conoce como "efecto estadístico" y se manifestará a partir de 2007, ya que hasta entonces los Quince y los Diez tendrán financiaciones separadas.

Cuatro regiones que hoy perciben fondos -Canarias, Valencia, Asturias y Castilla y León- superarían el umbral, y otras tres -Extremadura, Andalucía y Galicia- seguirán asistidas.

El efecto estadístico, al superar la renta media nacional el 90% de la renta media europea, dejará además a España, a partir de 2007, fuera de la política de cohesión, por la que hoy percibe unos 11.000 millones de euros anuales.

Estos problemas serán un quebradero de cabeza en la negociación de las perspectivas financieras para el sexenio 2007-2013. El Gobierno anterior logró un cierto reconocimiento del efecto estadístico, que podría ralentizar la salida de los fondos regionales, pero no de los fondos de cohesión.

Deslocalización y competencia. El Gobierno de Aznar publicó un plan marco para favorecer la expansión de las empresas españolas en el Este, pero no dio resultado. El saldo comercial global y en los dos sentidos con los Diez pasó de 914.516 millones de euros a 1,3 billones de euros en 2003, una cifra que nos sigue situando en los puestos bajos del ranking comunitario. La inversión, pese a las actividades de Unión Fenosa en la zona, de Telepizza en Polonia o de Eulen-Vega Sicilia en la viticultura húngara, es insignificante.

Las empresas españolas estaban centradas en América Latina cuando se hicieron las primeras privatizaciones y consideran ahora que el Este está ya conquistado por Alemania, Francia e Italia. El Gobierno anterior estimaba que sólo en Rumania quedaban oportunidades.

Está luego el problema de la deslocalización, que se ha llevado en los últimos tres años más de 10.000 empleos españoles y se agudizará con la ampliación.

"Las empresas importantes van a mantener en España sus actividades de alta tecnología, las de mayor valor añadido, aunque se lleven el resto de la producción. Esto no es malo; es positivo, porque España necesita mucha de esta deslocalización horizontal", opina Fernando Puerto, director de relaciones exteriores del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.