La patronal valenciana evidencia su decepción tras conocer el plan de Narbona

La patronal valenciana recibió molesta las noticias que llegaron el jueves sobre el PHN. El presidente de la patronal autonómica Cierval, Rafael Ferrando, mostró su "gran decepción" tras conocer una "supuesta alternativa" que no es tal. Ferrando argumentó que las infraestructuras que se han anunciado son parte de las que ya están recogidas en el Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP. Añadió, además, que plantean soluciones "parciales" que no afrontan el problema de fondo que es el "déficit hídrico estructural".

Por su parte, la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa) ha calificado de "decepcionante" la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente como alternativa al trasvase del Ebro. En un comunicado difundido ayer, la patronal considera que la alternativa propuesta por la actual ministra del ramo, Cristina Narbona, "no satisface las expectativas, ni cubre las perentorias necesidades de una provincia que sufre un histórico déficit estructural de agua".

Coepa critica, además, que el texto socialista no concreta cómo garantizar los regadíos en la situación deficitaria actual, y que actualmente, según el colectivo, provoca unas pérdidas anuales de 256 millones sólo en el caso de Alicante. Al respecto, los empresarios calificaron de "muy preocupante" la paralización por decreto del apartado del Plan Hidrológico Nacional que beneficia a la provincia de Alicante y, por contra, se mantienen las inversiones en otras regiones "como compensación política".

Para Coepa, "el nuevo documento no cumple los mínimos exigibles para garantizar el suministro de caudales que asegure el desarrollo socioeconómico y medioambiental de la provincia".

Coepa pone énfasis en que la alternativa basada, singularmente, en la construcción de plantas desaladoras, en la mejora en la gestión en los recursos y en la reutilización de los caudales tiene ya "escaso margen de maniobra" en la actualidad. La propuesta, en lo que a Alicante concierne, representa, en opinión de los empresarios alicantinos, un "claro recorte" de la actuación vital para los intereses de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. La patronal aprecia en esta propuesta una "injustificada" concesión a las presiones políticas y a las condiciones que, a su entender, han impuesto quienes apoyaron al Gobierno en la sesión de investidura. "Se trata de un grave perjuicio a nuestros legítimos intereses en una intolerable muestra de insolidaridad".