Una Ciudad Judicial a la medida de los ciudadanos

El equipo del consejero Josep Maria Vallès ha anunciado cambios sustanciales en la configuración de la futura Ciudad Judicial y el anuncio ha levantado algunas ampollas en sectores de la comunidad judicial. Es razonable y positivo que los nuevos responsables de Justicia sitúen en sus términos reales el futuro de la Ciudad Judicial, pues el proyecto heredado de la anterior consejera era excesivamente faraónico y empezaba la casa por el tejado al proponer la construcción de un complejo arquitectónico sin abordar cuestiones mucho más trascendentales, como podría ser la configuración de una verdadera justicia de proximidad.

La justicia en Cataluña ha vivido hasta la fecha de prestado, casi de realquiler. Desde el traspaso de las transferencias del Estado a la Generalitat, los edificios judiciales se han localizado en lugares extraños, casi estrambóticos -la vieja Transmediterránea, oficinas de una multinacional, pisos de alquiler, teatros y sótanos del área metropolitana-, y todas esas carencias se han intentado paliar con la idea de una gran ciudad de la justicia colocada en el límite entre L'Hospitalet y Barcelona. Ese proyecto, del que se han colocado varias primeras piedras, no afrontaba los verdaderos problemas de la justicia en el área metropolitana en la medida en que no entraba a analizar cuestiones fundamentales.

El proyecto era faraónico y no abordaba cuestiones como la configuración de una justicia de proximidad

Sin duda es importante que los distintos órdenes jurisdiccionales tengan sus juzgados concentrados, pero no tiene mucho sentido, ni práctico ni teórico, que convivan en un mismo espacio los conflictos penales y los laborales ya que los justiciables y profesionales afectados en cada uno de estos ámbitos son radicalmente distintos. Exigencias y tratos distintos que ya aparecen perfilados en la Carta de derechos del ciudadano ante la Administración de justicia. No hay necesidad de que confluyan en un solo punto cerca de 10.000 personas que, de uno u otro modo, han de afrontar problemas judiciales, pues pueden producirse situaciones de colapso.

Problemas acuciantes como la violencia sexista o los conflictos de derecho de familia no pueden solucionarse en unos edificios asépticos que obligan a los perjudicados y a sus testigos a largos desplazamientos, a esperas injustificadas, a aglomeraciones y confusión. Son problemas que reclaman un trato cercano, casi de cabecera, en el que el juzgado y la policía se pongan al servicio de la víctima, evitándole cualquier molestia. Sería absurdo confrontar de manera maniquea la idea de Ciudad Judicial con la de dispersión absoluta. Hay fórmulas intermedias que pueden resultar mucho más razonables, operativas, eficaces e integradoras de intereses profesionales y sociales.

El proyecto heredado de la Ciudad Judicial obligaba a importantes decisiones en materia de infraestructuras, ya que exigía que el metro llegara hasta los cuarteles de Lepanto, era necesario habilitar metros cuadrados suficientes para aparcamientos y también abría a los especuladores nuevos mercados para despachos. Cuando se presentó el proyecto se acudió a las macrocifras y a las palabras ampulosas, pero se olvidó el sinsentido de que un vecino del Clot tuviera que atravesar por completo Barcelona para dirimir una pelea de comunidad de propietarios o de que un trabajador que viviera en Poblenou hubiera de perder una mañana entera buscando el juzgado en el que se habría de resolver el pago de sus horas extras.

La Ciudad Judicial diseñada como un proyecto a lo grande responde más a la comodidad de los profesionales que a las necesidades de los justiciables. Barcelona es una ciudad en red y sus órganos judiciales deben responder a esa idea de red, que pasa, primero, por establecer un sistema de justicia próxima para que los pequeños conflictos de cualquier índole se puedan resolver en los distritos. Pasa, en segundo lugar, por que las infraestructuras vinculadas a ese proyecto de Ciudad Judicial se reconviertan en servicios para los ciudadanos: zonas verdes, viviendas protegidas y a bajo coste, transportes realmente eficaces. Deben concentrarse los órganos judiciales por materias, ha de afrontarse una política de inversión razonable en la dotación de medios arquitectónicos, pero también de medios materiales y humanos. Esta justicia en red se relaciona mejor con un campus judicial más disperso pero con mejoras sensibles en la comunicación telemática: la videoconferencia, el correo electrónico y la remisión de documentos bajo la garantía de la firma electrónica son instrumentos mucho más efectivos que la consolidación de una gran superficie judicial que pudiera convertir la zona en un gueto de la justicia que se deshabitara fuera del horario de los juzgados.

En definitiva, cuando el consejero Vallès decide adecuar los proyectos a la realidad, cuando decide vincular la Ciudad Judicial a las verdaderas necesidades ciudadanas, cuando establece otras prioridades que van más allá de la colocación de primeros o segundos ladrillos de una quimera de difícil realización y de poca utilidad, no puede salirse en tromba a criticar. Hay que reabrir espacios de entendimiento que no sólo impliquen a la comunidad judicial, sino también al resto de la comunidad ciudadana.

La determinación de los espacios en los que deben localizarse juzgados, tribunales, centros de orientación jurídica y de asistencia técnica a víctimas e imputados debe integrarse en el marco de un proyecto político y social sobre la justicia y quienes la administran. El modelo de Ciudad Judicial proyectado por el anterior Gobierno de la Generalitat respondía a una visión determinada de la justicia. Parece razonable que cuando se realiza un cambio político de gran calado no sólo hayan de revisarse los modelos de actuación, sino también los lugares previstos para que se desarrolle.

José María Fernández Seijo es magistrado y miembro de Jueces para la Democracia, y Josep Maria Bernat Freixas es abogado y miembro de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas.