Precisiones

En un reciente artículo publicado en EL PAÍS el pasado 19 de abril, con el título "El Defensor del Universitario ¿qué defiende?", la profesora Pilar Gómez Ramos, Defensora del Universitario de la Universidad Autónoma de Madrid, reprochaba a esta dirección general (DGUI) el dedicar demasiados fondos a las becas de excelencia y cantidades insuficientes a las becas de igualdad de oportunidades. Se requieren algunas precisiones.

En primer lugar, la Defensora debiera saber que si no se destina más dinero a las becas de igualdad de oportunidades es, sencillamente, porque no hay más solicitudes. En el curso pasado todas las solicitudes que cumplieron los requisitos económicos y académicos establecidos recibieron beca.

En segundo lugar, la Defensora debe recordar que, si queremos que las universidades públicas de Madrid obtengan el sello de "excelentes", debemos premiar la labor de quienes más pueden hacer por conseguirlo, tanto estudiantes como profesores.

Y en tercer lugar, las becas de excelencia permiten alcanzar otros objetivos, uno de ellos, que consideramos fundamental, el de atraer hacia la Comunidad de Madrid a los futuros o potenciales mejores investigadores.

El razonamiento de la profesora se basaba en la siguiente afirmación: "Los alumnos cuyas familias disponen de altos niveles de renta tienen más facilidades para conseguir un rendimiento académico excelente". Pues bien, esta premisa no está corroborada por los datos reales, porque no se publican cifras que permitan conocer el rendimiento académico en función del nivel de renta de los padres de los estudiantes. La variable que se utiliza para determinar la posición socioeconómica de los alumnos no es el nivel de renta de sus padres, sino sus estudios, titulaciones y profesiones.

También dice la Defensora: "Sería recomendable que se estimulase a aquellos estudiantes de la propia Comunidad de Madrid con altas capacidades intelectuales, aunque no hayan conseguido el aprovechamiento académico excelente, a iniciar y proseguir estudios universitarios". La DGUI también cree que sería ideal poner en marcha esta propuesta, y se compromete a trabajar en ella tan pronto su autora proponga

un indicador que permita conocer la capacidad intelectual de todos los estudiantes independientemente de su rendimiento académico. Por si la Defensora del Universitario no lo supiera, las universidades públicas de Madrid han acordado recientemente no establecer ninguna prueba propia que les permita conocer los coeficientes intelectuales de sus futuros estudiantes.

Por último, quiero referirme a "los problemas y las dificultades existentes con la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid" que, según la Defensora, han puesto de manifiesto los rectores de las seis universidades públicas. La historia reciente de esta relación con respecto a las becas es como sigue. En un escrito de 22 de diciembre de 2003, la DGUI solicitó a los vicerrectores de alumnos y a los miembros del Consejo de Estudiantes de la Comunidad de Madrid su opinión sobre la posible reforma de las convocatorias de ayudas al estudio ("igualdad de oportunidades") y las becas de excelencia. De las seis posibles respuestas, la DGUI recibió sólo dos. La Universidad Politécnica proponía la supresión de las becas de estudio, y la Universidad Complutense de Madrid señaló su escasa aceptación entre sus estudiantes. A esta directora general le sorprendió tan escaso interés por parte de la comunidad universitaria en un tema que afecta directamente a los estudiantes. Parece que el interés no es el mismo cuando los fondos los recibe directamente la Universidad que cuando los recibe el estudiante. Quizá esto es algo que conviene que conozca la Defensora del Universitario.