Control, represión y prevención
Otra vez más nos vemos envueltos en un escándalo sobre dopaje. Esta vez se trata de las revelaciones realizadas a un periódico deportivo de un ciclista. Genera alarma que pueda ser cierto siquiera una pequeña parte de lo relatado. Se ha detectado un sobresalto en los aficionados, que podrían ya estar considerando a todos iguales y generalizando injustamente en todos los estamentos deportivos. La mayoría de los profesionales que dedican su actividad laboral al deporte de alta competición son honestos y nos parece ilícito considerar que en todos los deportes y deportistas el dopaje está generalmente extendido.
Pero, no nos engañemos ni miremos para otro lado. El dopaje es la trampa por excelencia. Desde el escándalo Festina del Tour 98 no hemos parado de escuchar, ver o leer noticias relacionadas con el posible tráfico de sustancias. Y si hay tráfico es porque existe demanda, motivada por el afán de triunfo deportivo y económico de algunos deportistas en primera instancia y de algunas de las personas que les rodean en segunda. Y en el comercio ilegal estarían envueltas personas de diversos estamentos. Algunos profesionales carentes de ética que no representan a los colectivos en los que están incluidos. Siempre hay garbanzos negros en todas las profesiones. Pero esos pocos existen, hacen mucho daño, perjudican la imagen del deporte, tienen una poderosa actividad, están interrelacionados unos con otros y llevan a cabo acciones antirreglamentarias y delictivas en el deporte puesto que trafican con medicamentos y cometen delitos contra la salud pública. Esto último es muy preocupante. No se puede tolerar que deportistas sanos sean inducidos a consumir sustancias que no precisan y que ponen en grave riesgo su salud. Aquellos personajes sin ética profesional que están dañando la salud de los deportistas realizando prácticas condenables por innecesarias y peligrosas como las autotransfusiones o el uso de anabolizantes y eritropoyetina o fraudes al suministrarles medicamentos falsos o contaminados o sin condiciones sanitarias deben ser perseguidos y severamente castigados.
El dopaje es un delito de tráfico ilegal, un grave problema de salud pública y un negocio para unos pocos. En España hemos perdido la oportunidad en los últimos años de crear políticas sistematizadas que impidan y hagan difícil por varios caminos el consumo de sustancias prohibidas. Frente a países cercanos como Francia e Italia, nuestras políticas han sido demasiado laxas.
Es precisa la lucha coordinada. El dopaje no es sólo un problema deportivo. Las federaciones nacionales e internacionales tienen que seguir luchando, aunque hoy en día ya requieren de la participación de las autoridades gubernamentales. No existe más remedio que las federaciones incrementen el control. Hay que conseguir que los análisis de los laboratorios sean capaces de detectar más sustancias. Estamos a punto de disponer de las técnicas de detección de la hormona del crecimiento y de las hemoglobinas sintéticas. No está tan lejos la posibilidad de hallar las prácticas de autotransfusión. Pronto se empezarán a tomar muestras de sangre, además de las de orina, en los controles de dopaje. En las grandes competiciones se van a congelar las muestras para analizarlas retroactivamente. Los controles fuera de competición deben ser mejorados y cualquier deportista tiene que estar disponible en cualquier lugar para someterse a control. La realización de los controles de salud y los seguimientos de los análisis sanguíneos es una importante arma disuasoria.
Y tras el control viene la represión. Sin ella los controles serían ineficaces. Por ello es preciso ser duro y contundente, pero siempre garantizando los derechos del deportista y facilitando la segunda oportunidad. Como consecuencia, las sanciones de dos años que promulgan la mayoría de las federaciones y la Agencia Mundial Antidopaje para las sustancias más peligrosas como los anabolizantes y la eritropoyetina son fundamentales. Y otro aspecto fundamental, es la persecución, descubrimiento y sanción de los distribuidores de las sustancias dopantes. Las federaciones tienen que involucrarse más en buscar qué hay detrás de un deportista controlado positivo y sancionado. Pero las federaciones solas no pueden realizar las investigaciones necesarias para esclarecer el origen de controles positivos, pues necesitan aquí también la ayuda gubernamental.
Y antes que el control y la represión se deben emprender labores de prevención con información y educación.
El control, la represión y la educación relatados anteriormente no son los únicos posibles. Las autoridades gubernamentales tienen que involucrarse. Es preciso que nuestros responsables políticos españoles den un cambio radical de actitud a la postura hasta hoy tomada. El dopaje no es sólo un problema deportivo. Es necesario que autoridades policiales actúen en el control del tráfico de sustancias dopantes, sanitarias en la lucha contra las prácticas contra la salud pública, judiciales en la represión de estos delitos, y educativas en la prevención. Es preciso cuanto antes la elaboración de una Ley Española Antidopaje que tipifique, entre otras, las actitudes favorecedoras del dopaje como delito. Es necesario que la Comisión Nacional Antidopaje sea estructurada de una vez y funcione y se convierta en la Agencia Española Antidopaje absolutamente independiente. Los responsables políticos del deporte del nuevo Gobierno tienen un reto importante ante sí y no pueden dejar pasar el tiempo sin actuar.
Juan Manuel Alonso es presidente de la Comisión Médica y Antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo.
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