Colombia

Con respecto a las declaraciones del jesuita colombiano Javier Giraldo, recogidas por EL PAÍS el pasado jueves, una pregunta parece de rigor: ¿tiene razón el mencionado sacerdote cuando dice que "el Gobierno de Uribe ha trazado una estrategia de paramilitarización, muy sutil: la seguridad democrática"?

El presidente Uribe fue elegido mayoritaria y democráticamente, con el mandato ciudadano de restablecer con firmeza el imperio de la ley. Fue elegido para recuperar en todo el territorio el derecho a la vida, el ejercicio de las libertades, la justicia, y garantizar el derecho a la propiedad dentro de un Estado social de derecho. El cumplimiento de este mandato, tan elemental para cualquier país por ser la esencia misma del Estado, en Colombia resultó renovador y logró el optimismo de los colombianos.

Cuando el presidente Uribe asumió la presidencia, los colombianos teníamos más territorio que Estado, el mundo entero veía con estupor la incapacidad del Estado para enfrentar el terrorismo y garantizar la convivencia. Nuestra democracia estaba amenazada, y se había roto nuevamente la esperanza de alcanzar la paz a través del diálogo. Fue precisamente por la incapacidad del Estado de garantizar los mínimos derechos de los colombianos que surgió un grupo armado de extrema derecha que ha pretendido, de manera criminal, llenar ese vacío. Son los llamados paramilitares, financiados por el narcotráfico y el secuestro, al igual que las guerrillas terroristas de extrema izquierda.

Mal puede, entonces, pretenderse que un presidente que está devolviendo, por la vía democrática, la seguridad a los colombianos, sea tachado por algunos de autócrata. Mal puede confundirse el ejercicio de la autoridad legítima con el autoritarismo.

Ahora bien, hay quienes pretenden, a la luz de legítimas diferencias ideológicas, confundir la democracia con su propio pensamiento. El ejercicio de la democracia, en sí mismo, no es patrimonio de ningún partido y, afortunadamente, de ninguna ideología. Tampoco se puede pretender que una ley cuando ha sido aprobada, con mecanismos absolutamente democráticos, sea una expresión de la derecha. La ley es un instrumento de la justicia y es el marco y la frontera con los que debe actuar cualquier gobernante.

Han podido los países civilizados a través de la historia defenderse con la ley, frente a la embestida de la barbarie, de los abusos económicos o de cualquier exceso de los poderosos; ¿por qué, entonces, los colombianos no podemos, dentro del ejercicio de nuestra democracia, defendernos de la embestida de unos terroristas que han venido impidiendo nuestra convivencia y la transformación social de unas realidades inequitativas que imperan desde hace mucho tiempo en nuestro país?

Considero que el padre Giraldo, con afirmaciones de este estilo, está, guardadas proporciones, tan equivocado como el cura Pérez con la fundación del grupo guerrillero ELN.