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Varios colectivos crítican la reforma de la ciudad judicial decidida por Justicia

Abogados, procuradores y peritos critican la dispersión y no haber sido consultados

La reforma de la ciudad judicial impulsada por el Departamento de Justicia de la Generalitat fue criticada ayer por varios colectivos profesionales implicados. Por el fondo y por las formas. Abogados, procuradores y peritos coincidieron en que la dispersión de edificios es perjudicial para ellos y para el ciudadano y censuraron que los nuevos gestores no les hayan consultado antes de modificar el proyecto, como en su día hizo el Gobierno de CiU.

"Una ciudad de la justicia es una buena idea en abstracto. Si no puede ser, que sea un barrio, pero no que haya varios barrios lejos unos de otros". El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, expresó ayer de esta manera su queja por la dispersión de edificios que comporta el nuevo proyecto, ya que rebaja el techo edificable previsto en el proyecto inicial de la ciudad judicial para agrupar todas las dependencias, y mantiene a cambio en activo varios de los actuales edificios judiciales.

"Será incluso peor que ahora", explicó Alonso-Cuevillas. Lo más importante, en su opinión, no es que los edificios judiciales queden en varios emplazamientos, sino que, por ejemplo, la jurisdicción penal se divida y mientras que la Audiencia de Barcelona seguirá en el paseo de Lluís Companys, los juzgados de instrucción estarán en el otro extremo de la ciudad de Barcelona, en el límite con L'Hospitalet.

En términos parecidos se expresó Ana Moleres, presidenta del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña. "Nos ha sorprendido enterarnos por la prensa de la modificación, porque había una comisión de profesionales para tratar estos asuntos y no se nos ha dicho nada", afirmó. A las críticas se sumó también Jordi Vidal, vocal de la junta de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses. En su opinión, "hubiera sido mejor mantener el proyecto inicial de concentrar todos los edificios" y apostilló: "Siempre pagan los mismos, los trabajadores de a pie".

El consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, defendió los cambios. "El nuevo proyecto es más funcional y evita algunos inconvenientes", aunque se negó a dar más detalles hasta que el Gobierno catalán apruebe la propuesta de modificación el próximo martes. Celestino Corbacho, alcalde de L'Hospitalet, advirtió que "sólo estaría en desacuerdo" con la propuesta de reforma si supusiera una "desnaturalización del proyecto para convertirlo en un simple juzgado de Barcelona o de L'Hospitalet". Más crípticos se mostraron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, y el fiscal jefe, José María Mena. "El cambio del proyecto es una decisión política que acato y nosotros estaremos vigilantes a la distribución final que se haga de los edificios", dijo Vidal. "Yo de urbanismo no entiendo y no debo hablar de lo que no sé", afirmó Mena. En su opinión, el nuevo proyecto es "un término medio. Es casi lo de antes, pero con algo de lo de ahora", aseguró con su flema habitual.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de abril de 2004