Garzón deja en libertad bajo fianza a cuatro ex consejeros de Azkoyen
Están imputados por pagar la extorsión denominada 'impuesto revolucionario'
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad bajo fianza de 20.000 euros a cada uno a cuatro ex consejeros de la empresa Azkoyen, por haber accedido en el consejo de administración a pagar a ETA la extorsión denominada impuesto revolucionario. Los ex consejeros José María Careaga Meavenzorena, Francisco Elizalde Goldaraz, Ricardo Armendariz Loizu e Ignacio Orgaiceta Zabalza disponen de un plazo de 72 horas para constituir la fianza o de lo contrario ingresar en prisión preventiva.
Allegamiento de fondos
Garzón les imputa un delito de allegamiento de fondos a una organización terrorista, ya que el consejo de administración accedió -por miedo a represalias por parte de la banda terrorista- a pagar 37 millones de pesetas (222.374,48 euros) a ETA.
Otros dos ex consejeros, María Carmen Troyas Careaga y Juan Félix Iriondo Altuna, quedaron en libertad sin cargos y por tanto sin medidas cautelares.
"En Septiembre del año 2001, según una resolución dictada por el juez Garzón el pasado 1 de abril, se intervino una comunicación interna de ETA dirigida a Otsagi, responsable del Aparato Militar de ETA, encargado del cobro y gestión de las extorsiones conocidas como impuesto revolucionario, en el que se hacía referencia a la satisfacción por Azkoyen, SA de la 'deuda que tenían con nosotros".
El citado documento estaba firmado por Gezi, es decir, el aparato de administración económica de ETA y guarda correspondencia con otro fechado en el mes de diciembre de 2001 dirigido a la misma persona ordenando "quitar de la lista a Azkoyen, SA, Ignacio Moreno Purroy e Ignacio Orbaiceta Zabalza, ya que han liquidado la deuda que tenían con nosotros".
Jesús Calahorra, como jefe de administración de Azcoyen, recibió la orden de la dirección de la empresa de retirar el dinero de las cuentas, si bien Ignacio Moreno Purroy, director general de Azkoyen, SA hasta 2003, fue la persona que, por decisión del consejo de administración de dicha empresa, gestionó directamente el proceso que culminó en 2001 con el pago a ETA. El contacto con ETA, según el juez, lo hizo Alfonso Martínez de Lizarduy.
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