La apertura de casos judiciales dispara los gastos del Ayuntamiento de Huelva en abogados

Alejandro Márquez, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, criticó ayer el excesivo gasto con fondos de las arcas municipales que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), está realizando en abogados debido a los casos judiciales en los que se han visto envueltos sus concejales. Dos organismos municipales, la Gerencia de Urbanismo (GMU) y el Patronato de Desarrollo Local (PDL), han incluido partidas en los presupuestos destinadas a letrados, lo que nunca había ocurrido antes en la Corporación de Huelva.

El alcalde, Pedro Rodríguez, firmó un decreto el pasado 22 de diciembre para que se abonara al abogado Francisco Baena Bocanegra una minuta por valor de 132.650,64 euros.

Ese decreto cuenta con un informe en contra del interventor municipal, que estimó "excesiva" la cantidad asignada a ese letrado. Francisco Baena Bocanegra se hizo cargo en 2002 de la defensa de Pedro Rodríguez ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el denominado caso Isla Chica.

La defensa de Pedro Rodríguez corrió en principio a cargo de letrados del Ayuntamiento onubense, pero los asesores recomendaron en un momento determinado al alcalde que "recurriera al mejor jurista que considerase oportuno para defenderlo" cuando la polémica, que finalmente quedó archivada, tomó cuerpo.

Presupuestos

Además, la Gerencia Municipal de Urbanismo consignó en los presupuestos de 2003 una partida de 96.300 euros para abogados y ha vuelto a incluir esa misma cantidad en las cuentas de 2004. El concejal de Urbanismo, Francisco Moro, también estuvo en su día imputado en el caso Isla Chica.

En los presupuestos de 2004 aparece una partida de 36.000 euros para asistencia letrada en el PDL. El presidente de ese organismo, Juan Carlos Adame, se halla actualmente imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación y tráfico de influencias por el denominado caso del enchufismo. El Ayuntamiento ha contratado para la defensa de Adame ante el juez a Francisco Baena Bocanegra y al decano del Colegio de Abogados de Huelva, Juan José Domínguez.

Expertos en Derecho consultados ayer explicaron que cualquier entidad pública, como un Ayuntamiento, puede contratar los servicios externos que considere oportunos. Que se trata de una práctica relativamente frecuente y que no constituye ninguna ilegalidad. De todos modos consideran que lo normal sería que el Ayuntamiento de Huelva recurriera a sus propios servicios jurídicos.

Los representantes del PSOE en Huelva consideran que el gasto en abogados se ha disparado durante los dos últimos años en el Consistorio onubense, que arrastra una deuda de 300 millones de euros. "Nosotros vamos a pedir a Pedro Rodríguez que devuelva a las arcas municipales el dinero que ha utilizado para su defensa personal", manifestó ayer Alejandro Márquez, quien añadió: "Los ciudadanos no pueden entender que uno de los alcaldes mejor pagados de España se sirva del dinero público en un Ayuntamiento casi en bancarrota para pagarse abogados a la carta".