López Guerra será el nuevo secretario de Estado de Justicia
El catedrático de Derecho Constitucional Luis López Guerra será designado nuevo secretario de Estado de Justicia tras haber aceptado la propuesta del próximo titular del departamento, Juan Fernando López Aguilar.
López Guerra, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, está considerado uno de los grandes constitucionalistas especializados en la Administración de Justicia, por su etapa como magistrado (1986-1992) y vicepresidente (1992-1995) del Tribunal Constitucional, y como vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001, cargo desde el que impulsó el Libro Blanco de la Justicia, base de la mayoría de la actuales reformas.
Nacido en León, de 56 años, López Guerra fue incorporado en septiembre pasado como número 3 en la candidatura socialista de Rafael Simancas a las elecciones de la Comunidad de Madrid. También para Justicia será designado David Jiménez Gluck como director del gabinete del ministro.
Mercedes Gallizo, a Prisiones
Por su parte, el futuro ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha decidido que la zaragozana Mercedes Gallizo, delegada del Gobierno de Aragón en Madrid, ocupe la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Soledad López será la subsecretaria de ese ministerio. Gallizo ha sido diputada en la última legislatura y se ha ocupado de temas de Interior, de RTVE y de defensa de los derechos de las mujeres. En la reunión que ayer mantuvo con el futuro ministro, sus planteamientos "reformistas" sobre el sistema penitenciario conectaron con los de Alonso, según las fuentes consultadas.
Francisco Caamaño Domínguez, catedrático de Derecho Constitucional, será el nuevo secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, dentro del Ministerio de la Presidencia que dirigirá María Teresa Fernández de la Vega, según informaron a Europa Press fuentes socialistas. De esta forma, Fernández de la Vega renuncia a situar a un diputado del PSOE en este puesto, que incluye asiento en la Junta de Portavoces del Congreso en nombre del Ejecutivo, y opta por un jurista independiente experto en parlamentarismo.
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