El Gobierno sólo ha recuperado desde 2000 el 1% de los suelos con contaminación potencial

El Gobierno vasco triplicará este año su presupuesto para recuperar suelos contaminados, para lo que ha destinado más de 3,8 millones de euros. Pero la tarea es ingente: en cuatro años apenas se han recuperado 100 de las casi 7.900 hectáreas potencialmente afectadas. La veintena de áreas que se prevé regenerar este ejercicio apenas van a reducir este grave problema ambiental. "A este ritmo, nuestro país tardaría 180 años en finalizar las labores de recuperación", señala un experto. El Ejecutivo espera disponer este mismo año de su primera ley de suelos contaminados.

El Gobierno inició en 1994 sus actuaciones para proteger el suelo de Euskadi, que sufrió actuaciones incontroladas durante buena parte del siglo pasado. Hasta 1998, los departamentos de Medio Ambiente y Sanidad, la UPV, centros tecnológicos y consultoras medioambientales elaboraron el primer inventario de suelos potencialmente contaminados. El informe localizó 5.800 parcelas que ocupaban 7.000 hectáreas, el 1% de la comunidad autónoma, dañados fundamentalmente por la industria de transformación de metales y, en menor medida, el reciclaje de chatarra, gasolineras, fábricas químicas y madereras.

"La forma más directa de contaminación es el vertido incontrolado de residuos", señala un portavoz de Medio Ambiente. A ello se unen las fugas de productos por deterioro de materiales o accidentes, los derrames por sobrepasar la capacidad máxima de la instalación o por trasvases y el almacenamiento directo sobre el suelo.

Las zonas más degradadas se localizan, lógicamente, donde mayor ha sido la actividad industrial: Bilbao, la Margen Izquierda y el Alto Deba. El estudio añadía que el 66% de las parcelas potencialmente contaminadas estaban ocupadas por industrias activas y el resto correspondía a vertederos y ruinas industriales que contenían sustancias tóxicas.

De 1998 a 2000 no se abordó un programa global para solucionar la cuestión y se adoptaron recuperaciones puntuales en la medida en que cada ayuntamiento quería realizar una actuación urbanística.

Medio Ambiente asegura que hasta 2000 no dispone de datos concretos de suelos recuperados. Ese año se tienen consignadas tres áreas limpiadas, según los datos del propio departamento. En 2001, se llegó hasta las 18 zonas; en 2002, 17, y el pasado año se recuperaron 16 zonas. Es decir, un total de 54 en estos cuatro años.

La superficie recuperada no llega al centenar de hectáreas y la inversión realizada ronda los 4,3 millones de euros en los suelos públicos -los privados no tienen ayuda oficial-, que suponen la cuarta parte del total: 14 de los 54 regenerados.

Estas cifras representan la recuperación de algo más del 1% de las áreas potencialmente contaminadas, que, según los últimos datos del Ejecutivo, totalizan 8.567 áreas con una superficie global de 7.897 hectáreas. El experto medioambiental Antxon Olabe resalta la ardua tarea que resta: "Si se mantiene este ritmo en el futuro, nuestro país tardaría 180 años en finalizar las labores de recuperación. Se pasaría el problema a las siguientes siete generaciones". Olabe destaca que es imprescindible un aumento extraordinario de los recursos económicos, situación factible, asegura, por la convergencia de renta con la UE y la base tecnológica existente en Euskadi en este asunto.

De momento, el gran salto económico no se producirá. Aunque se prevé triplicar la inversión con respecto al pasado año, cuando sumó un millón de euros, el presupuesto para 2004 se quedará en 3,8 millones para actuar en una veintena de áreas. El consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, ha calculado que una descontaminación total obligaría a invertir 970 millones de euros.

El Ejecutivo se ha marcado en su plan ambiental hasta 2020 recuperar un 20% de las áreas contaminadas públicas en 2006; llegar al 50% en 2012 y alcanzar el 80% cuando concliya la vigencia del programa.

Este año, en verano o en el otoño, se esperar aprobar la llamada ley de Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo que obligará a los responsables de la contaminación de terrenos a pagar su limpieza.

El Ejecutivo confía que su aplicación acelere la recuperación de las zonas afectadas puesto que el suelo pasará a tener una protección y una prevención. Los propietarios tendrán la obligación de comunicar al Gobierno si detectan la presencia de sustancias contaminantes. Cualquier actuación o cambio de calificación del terreno (construcción de viviendas, instalación empresarial o su ampliación y cierre) requerirá previamente de un examen de la calidad del suelo. La normativa prevé multas de 1,2 millones y el cierre definitivo de la actividad que cause la contaminación.