El Gobierno catalán apuesta por un Estatuto que no requiera una reforma constitucional

Reformar o releer la Constitución. Esta disyuntiva semántica suscita agrias polémicas a la espera de saber cómo será el futuro Estatuto. El Gobierno de Pasqual Maragall, según diversas fuentes, ya se ha inclinado por un texto autonómico basado en una relectura constitucional que no requerirá la reforma. El Ejecutivo busca que el nuevo Estatuto sea una Constitución para Cataluña y que contenga las bases de la ley electoral catalana, la organización territorial y la financiación autonómica, los elementos incluidos en el Acuerdo para un Gobierno de Izquierdas y Catalanista.

La victoria del PSOE en las elecciones generales y la llegada a la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han abierto a los aliados del Gobierno tripartito catalán la veda para una ambiciosa reforma del Estatuto, aseguran fuentes del PSC. La perspectiva de cuatro años de estrechez política, auspiciados por un gobierno del PP, ha dado paso a una nueva realidad cuyos límites quieren conocer los integrantes del Ejecutivo catalán.

La victoria del PP les habría obligado a trabajar "bajo censura psicológica", según expresión del consejero de Relaciones Institucionales, el ecosocialista Joan Saura. Ahora, en cambio, se vive un momento similar al que caracterizó la transición democrática, cuando -con permiso del Ejército- todo estaba permitido. Pero eso hace temer en la madrileña calle de Ferraz -sede del PSOE- y en los aledaños de La Moncloa que la imaginación estatutaria de los partidos que gobiernan Cataluña vuele a alturas que desde el centro de España se observen como preocupantemente excesivas.

Este cúmulo de circunstancias hace recomendable que las palabras se midan más que nunca, afirman desde el tripartito. La prudencia la comparten todos los integrantes del Gobierno, desde los socialistas hasta los republicanos, pasando por Iniciativa per Catalunya. Pero no parece que la practiquen todos. La polisemia de las declaraciones realizadas esta semana por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha inquietado a los aliados, a su propio partido y a la mismísima Administración catalana, aseguran en medios gubernamentales.

El pasado domingo, Maragall dijo que la construcción de la España plural requiere "una relectura de los textos fundamentales". Días después, el jueves, el presidente catalán, en una pirueta semántica, pasaba del "no nos pondremos como límite la Constitución" al "quiero que quede claro que el Estatuto no se hace con la finalidad de cambiar la Constitución". La pregunta que surge ante estas declaraciones, que suscitan más expectación en Madrid que en Cataluña, es ¿qué Estatuto quieren los catalanes?

Por el momento, la línea que cobra más fuerza es aquella según la cual el Estatuto debe ser fuerte, potente, y blindar las competencias exclusivas para que -como preocupaba al ex presidente Jordi Pujol- el poder central no vuelva a hacerse con ellas, agregan en medios próximos a Presidencia.

Los miembros de los tres partidos que forman el Ejecutivo catalán están de acuerdo en que cuanto menos se toque la Constitución, mejor. Es más: mejor que no se toque; es preferible que se adopte la vía de blindar las competencias exclusivas y de promover, con la reforma de leyes fundamentales -Poder Judicial, entre otras- o mediante iniciativas legislativas del Parlamento catalán llevadas a las Cortes, los traspasos que el poder central puede hacer de forma voluntaria y discrecional a través del artículo 150.2 de la Constitución, según manifiestan fuentes del Gobierno de la Generalitat.

La tarea de CiU

Convergència i Unió (CiU), desalojada del poder tras 23 años ininterrumpidos ejerciéndolo, tendrá una tarea difícil en la elaboración del nuevo Estatuto: fiscalizar desde la óptica nacionalista y desde la oposición si sus competidores directos de Esquerra Republicana están a la altura de las expectativas soberanistas o no. Aunque, de hecho, aseguran fuentes de la federación nacionalista, los convergentes deben estar pragmáticamente atentos también a su electorado, acostumbrado a lo pragmático y poco dado a los principios etéreos que Jordi Pujol ha situado reiteradamente en el terreno de lo "ético, estético y profético", agregan.

Por su parte, el Partido Popular de Cataluña (PPC) sigue sumido de momento en la duda de si sumarse o no a la ponencia que redactará el nuevo Estatuto. Y está todavía más en el aire que acabe dando el sí al proyecto que finalmente apruebe el Parlamento catalán.

La singladura de la nave de la reforma estatutaria no se prevé fácil. Y el Gobierno catalán busca como primer aliado en ese proceso, según propia confesión, a la Andalucía que encabeza el socialista Manuel Chaves: por las similitudes de las competencias autonómicas y porque una nacionalidad como Cataluña y una comunidad que ha ganado su autonomía en las urnas, como la andaluza, pueden ser más provechosas, opinan, y herir menos susceptibilidades centralistas que otro tipo de alianzas de carácter marcadamente nacionalista.

De momento, las fuerzas políticas salidas de las urnas el 14-M se están situando sobre el tablero a la espera de que comience la partida de ese inmenso rompecabezas de la reforma autonómica o constitucional. El PSOE sólo tiene previsto modificar la Constitución para la reforma del Senado. Nadie augura un camino sin tropiezos o, mucho menos, de rosas para el Estatuto. Pero tanto, el Gobierno catalán y los partidos que lo conforman -así lo aseguran- están dispuestos a dar un primer paso muy meditado para evitar el fracaso en algo en lo que el 80% del electorado tiene puestas sus expectativas.