2004, Año Internacional de la Familia
El autor asegura que ha llegado el momento de estructurar en España una estrategia integral de apoyo al "elemento fundamental" de la sociedad.
Con el alborear de 2004, se inició el Año Internacional de la Familia. Parece un momento oportuno para llamar la atención de la sociedad sobre la trascendencia de la institución familiar, y la necesidad y conveniencia de resaltar lo que significa la familia.
Hace 10 años que se celebró el anterior año internacional y hay que reconocer que se ha avanzado en el apoyo público a la institución familiar. El primer avance ha sido en lo relativo al reconocimiento de la institución. Ninguna fuerza política o social deja hoy de considerar correcto el referirse a la familia como la célula básica de la vida social y de manifestar la conveniencia de apoyarla. En España numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos tienen ya organizaciones dedicadas a estudiar la situación y las medidas de apoyo a la familia.
Durante este periodo ha existido una tendencia general a concretar medidas típicas del Estado de bienestar considerando como tal el apoyo, defensa y desarrollo de un conjunto de derechos sociales de tipo individual -pensiones, sanidad, incapacidades, mujeres maltratadas, inmigrantes, etcétera-. Creemos, sin embargo, que es el momento de atender a los derechos colectivos o globales, entre los que destacan por su importancia los relativos a la familia como institución.
Conviene recordar que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 dice: "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado". Texto que, con más o menos variantes, se ha venido repitiendo en todos los pactos y convenios internacionales relativos a derechos humanos, derechos civiles, etcétera. Tiene especial interés el matiz contenido en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, donde se dice: "Se debe conceder a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo".
Conviene recordar tres facetas que caracterizan a la familia y la vida familiar. En primer lugar, como unidad indispensable para la articulación social. En ese plano es un referente imprescindible para la educación y para la transmisión del patrimonio cultural, configurándose así como una clara escuela de valores. Y es un lugar privilegiado para la atención y cuidado de las personas que la forman. Aparece, pues, como un factor clave de solidaridad intergeneracional e interpersonal, valores muy presentes en los discursos de nuestra sociedad. En segundo lugar, la familia es también un espacio vital de influencia en el desarrollo y bienestar de sus miembros, a los que proporciona servicios que los poderes públicos no podrían prestar y a la que dichos poderes públicos deben, por ello, proteger y ayudar para que pueda asumir su responsabilidad. Finalmente, pero no menos importante, la familia es el ámbito en el que tiene su máxima expresión la relación personal. La familia es la expresión máxima del resultado del amor humano, y subrayo esto último porque ese amor humano debe ser entendido con sus propias limitaciones.
Hoy la mejor "política de familia es crear una verdadera cultura de la familia". Es apoyar a las familias numerosas y no dotar meras prestaciones directas por hijo a cargo. Es atender a las familias con personas dependientes que se encuentran con problemas que les desbordan y que ellos solos no pueden resolver, y que deben arbitrarse como políticas dirigidas no sólo a esas personas dependientes sino a sus familias, con resultados económicos y humanos infinitamente superiores. Es prestar la debida atención a las familias de inmigrantes para facilitar su incorporación e integración en nuestra sociedad. Es establecer horarios de trabajo que sean compatibles con la vida familiar; es, en definitiva, afirmar que la necesidad de arbitrar políticas públicas de familia no debe basarse en circunstancias coyunturales, o en cambios puntuales, como por ejemplo la caída de la tasa de natalidad, sino en argumentos mucho más sólidos de carácter económico y social sobre el papel de la familia que son evidentes:
- La cohesión social.
- El primer lugar de socialización de los individuos.
- El principal inversor en capital humano.
- En fin, la institución en la que se aprenden los principales valores de una sociedad.
Decíamos antes que es necesario, también, llamar la atención de nuestros futuros gobernantes sobre el tema. Tenemos una conciencia clara de que la familia no es patrimonio de ninguna ideología política. Hay divergencias en el tratamiento de temas concretos y planteamientos que pueden parecer más correctos que otros, pero ningún partido político va a incumplir el mandato constitucional: "Los poderes públicos aseguran la protección social, jurídica y económica de la familia".
Este principio constitucional responde al hecho comprobado de que los principios de solidaridad y de convivencia, la tolerancia, la defensa del hombre, el trabajo en equipo; en definitiva, todos los valores que humanizan al hombre y a la sociedad, se viven y se aprenden fundamentalmente en el seno de las familias. Numerosos estudios demuestran que las sociedades más violentas son casi siempre aquellas que poseen familias desestructuradas.
Por ello, una economía y una sociedad que quiere crecer con estabilidad y con equilibrio no puede olvidar que, junto al desarrollo de los instrumentos educativos, asistenciales y de orden, debe, también, apoyar la potenciación del ambiente de base sobre el que se cimenta la estabilidad de la convivencia. El factor "inversión en capital humano" tiene una gran trascendencia. Es una afirmación pacífica aceptada por tirios y troyanos que la formación de base de los seres humanos arranca en la familia y en ella experimenta un fuerte desarrollo, y que ello produce una importante reducción de costes, o lo que es igual, un efecto multiplicador de las actividades de formación que se desarrollan en las escuelas, universidades y centros especializados. La existencia de estas interrelaciones entre el sector público y la familia nos muestra que el Estado no debe ser indiferente a las decisiones que toman las familias ni a las nuevas necesidades a las que éstas se enfrentan. Es el momento de estructurar una estrategia global e integral de apoyo a la familia, en la seguridad de que ello tendrá un peso muy significativo en la vida de los españoles.
Enrique de Aldama y Miñón es presidente de la Fundación Acción Familiar.
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