Aguirre ayudará a rehabilitar 3.000 casas en cuatro municipios

El Gobierno regional dará subvenciones por valor de 32 millones

Madrid - 09 abr 2004 - 02:34CEST

El Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre va a sufragar en parte (aportará un 20% del coste) la rehabilitación de más de 3.000 viviendas de la región, y a ello ha destinado 32 millones de euros. Las actuaciones se llevarán a cabo en la Colonia San Ignacio de Loyola (Madrid), la urbanización Las Cañadas (Collado Villalba), la Mancomunidad Monte Blanco (Coslada) y la de Fuente Santa (Colmenar Viejo).

El Gobierno regional ha declarado cuatro nuevas zonas de rehabilitación integrada (ZRI), que supondrán una inversión de la Comunidad de Madrid que supera los 32 millones de euros. Esta actuación consiste en la recuperación de 3.074 viviendas y 90 locales. Las cuatro nuevas zonas en las que se llevarán a cabo estas rehabilitaciones son la Colonia San Ignacio de Loyola de Madrid, en la que se remodelarán 1.914 viviendas; la urbanización Las Cañadas, en el término municipal de Collado Villalba, donde se actuará en 76 viviendas; la Mancomunidad Monte Blanco, en el término municipal de Coslada, donde se rehabilitarán 664 viviendas y 45 locales, y la Mancomunidad Fuente Santa, en el término municipal de Colmenar Viejo, con 420 viviendas y 45 locales.

El Ejecutivo de la Comunidad ha declarado, en los últimos siete años y con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente, 112 zonas de rehabilitación integrada para la mejora de 43.571 viviendas en 40 municipios. Si a ello se le suman las Áreas de Rehabilitación Preferente (ARP), las viviendas con ayudas para actuaciones integradas en la Comunidad de Madrid ascienden a 80.992.

Aportación de Fomento

La declaración como zonas de rehabilitación integrada de estas cuatro nuevas áreas consiste en que los propietarios asumen el coste de la reforma, pero reciben subvenciones públicas del Ministerio de Fomento (hasta un 35% del coste) y de la Comunidad de Madrid (un 20%). Estas ayudas son gestionadas a través de las OCRE (Oficinas Comarcales de Rehabilitación de Edificios). El resto del dinero (un 45% del coste de la rehabilitación) será aportado por los propietarios de las viviendas o locales.

El coste total de la actuación en la Colonia San Ignacio de Loyola asciende a 22.494.720 euros, de los cuales la Comunidad de Madrid subvencionará 4.498.944 euros. En el caso de la Urbanización Las Cañadas en Collado Villalba, la inversión total será de 402.919,04, de los que la subvención de la Comunidad de Madrid ascenderá a 80.583,80 euros.

La inversión de la actuación en la Mancomunidad Monte Blanco de Coslada asciende a 5.095.945 de euros y la subvención por parte del Gobierno regional es de 1.019.189 euros. Por último, en la Mancomunidad Fuente Santa, de Colmenar Viejo, el coste total será de 3.937.182 de euros, con un presupuesto por parte de la Comunidad de Madrid de 787.436 euros.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, destaca "la rapidez del Gobierno regional en instrumentar el procedimiento de las ayudas a la rehabilitación integrada para rehabilitar, regenerar y revitalizar estos entornos urbanos degradados y mejorar las condiciones de vida de sus vecinos".

CC OO pide más pisos protegidos

Comisiones Obreras de Madrid reclamó ayer al Gobierno autonómico y a todos los ayuntamientos un mayor esfuerzo para incrementar el número de viviendas protegidas (con precio máximo fijado por la Administración) y controlar la especulación inmobiliaria en la región; según el sindicato, el 84,54% de las viviendas que se construyen no tiene ningún tipo de protección pública y alcanza precios "inasequibles", informa Europa Press.

La secretaria de Desarrollo Territorial del sindicato, Magdalena Macías, explicó que hace siete años el 49,95% de las viviendas que se terminaban en Madrid contaba con algún tipo de protección, lo que hacía que muchas personas accedieran a un piso muy por debajo del precio especulativo que establece el mercado privado.

"Sin embargo, en 2002 este tipo de viviendas suponía el 13,84% del total, destacando un claro retroceso que llevó a su índice más bajo, del 10,5%, en el año 2001". Además, Macías reiteró que el precio final de la vivienda libre no lo fija el mercado, "sino el promotor y el dueño del suelo en función de lo que los demandantes están dispuestos a pagar", por lo que, según apuntó, "con los mismos costes de construcción el precio final varía considerablemente al alza".

La sindicalista manifestó que es "absolutamente necesario" un mayor control del precio del suelo, evitando el acaparamiento, la especulación y el abuso para apostar por políticas autonómicas y municipales que promuevan la vivienda pública en régimen de alquiler y la rehabilitación de las mismas.

Por su parte, el secretario general de CC OO de Madrid, Javier López, exigió un acuerdo social por la vivienda que frene la especulación.

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